Modelos en pugna
Durante el mes de abril, a partir de la decisión de la ministra de Seguridad Nilda Garré de terminar con los servicios adicionales que la policía federal prestaba en la ciudad de Buenos Aires, se reinstaló con fuerza una discusión política en torno a una problemática de indudable interés social: la inseguridad.
Durante el mes de abril, a partir de la decisión de la ministra de Seguridad Nilda Garré de terminar con los servicios adicionales que la policía federal prestaba en la ciudad de Buenos Aires, se reinstaló con fuerza una discusión política en torno a una problemática de indudable interés social: la inseguridad.
En ese marco, recobraron aliento las voces que reclaman mano dura contra el delito, en primer término el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien creó la Policía Metropolitana que ostenta un primer jefe, Jorge El Fino Palacios, preso, y su sucesor Osvaldo Chamorro, procesado, además de una ineficiencia aceptada por los propios funcionarios de la ciudad que aseguran que no puede hacerse cargo siquiera de la seguridad en los hospitales. El líder de Pro acusó al kirchnerismo de impulsar «un alud anárquico» sobre Buenos Aires. Con alta dosis de hipocresía, son los mismos sectores que apoyaron y/o impulsaron las políticas neoliberales que dieron forma al panorama de exclusión de millones de argentinos, caldo de cultivo de una mayor violencia y conflictividad social, quienes reclaman represión contra sus víctimas. La indiscutible relación entre marginación y aumento del delito no hace mella en el discurso manodurista. Por el contrario, redoblan esfuerzos en su nostálgico intento de volver a los 90. Al punto que varios de los máximos exponentes argentinos de la nostalgia «noventista» fueron anfitriones de un encuentro internacional patrocinado por la Asociación Mont Pelerin, usina de pensamiento derechista, fundada por el economista Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía, conocido como «el padre del liberalismo», cuyas teorías «inspiraron» las políticas económicas de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, entre otros. En dicho encuentro se defendieron aquellas políticas económicas aplicadas en buena parte del mundo, y en el caso de nuestro país, «sin anestesia», que dejaron como secuela una profunda desigualdad social, amplias capas de la población condenadas a la marginación y la pobreza y, en ese marco, como no podía ser de otro modo, creció el delito y la delincuencia.
Violencia en pantalla
El reduccionismo analítico del tema de la inseguridad entendido sólo como un problema policial que prima en los medios de comunicación, mucho tiene que ver con la instalación del miedo social. Las poderosas empresas mediáticas, coaligadas en las últimas décadas con megacorporaciones económicas, inciden en la opinión pública a favor del consenso hacia las políticas represivas. En La batalla de la comunicación, el periodista e investigador Luis Lazzaro sostiene que «a partir de los procesos de concentración y articulación del dispositivo multimedia, la violencia y el crimen dejaron de ser unidades de información aisladas dentro de múltiples focos de atención periodística para convertirse en el eje principal del discurso audiovisual». El investigador vincula la acción mediática intencionada con el perfil de individuo que el sistema neoliberal necesita. «El ciudadano en peligro resulta entonces una construcción de época en la que conviven la ausencia de protección social y la intimidación de los medios. Representa no sólo al consumidor
individualizado que no puede cambiar de canal por la fascinación del terror, sino también una categoría política que fortalece la capacidad de intervención de las corporaciones de medios
en la disputa por mayores espacios de poder».
De igual modo, no pueden ser soslayados en el análisis de la inseguridad, los nuevos negocios que abre la instalación del miedo social. Así, el mercado de la seguridad privada registra un crecimiento explosivo en las últimas décadas. Las despiadadas reglas del libre mercado aplicadas a la seguridad pueden ser muy peligrosas. ¿De qué modo compiten las agencias privadas entre sí? ¿Cómo operan estos cuerpos armados para ganar espacios de mercado? Un estudio difundido por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia revela que sin un estricto control estatal sobre estas agencias, «es muy probable que la ecuación “más seguridad privada y mayor rentabilidad privada, es igual a peor seguridad pública”, no varíe por muchos años».
Otro aspecto fundamental es el virtual autogobierno de las fuerzas policiales, que explica en buena medida la creación de estructuras cuasi mafiosas que no sólo no combaten el delito, sino que participan activamente en distintos negocios ilegales. Además, aún están a la vista las huellas que dejó impresas en las estructuras policiales la colaboración que prestaron a la represión ilegal durante la dictadura.
Tampoco puede dejarse de lado en una mirada integral de la problemática de la seguridad a la justicia, sobre todo porque perviven en el interior del poder judicial numerosos jueces de oscura participación durante los gobiernos de facto y que ya en democracia obstaculizan los procesos contra represores y genocidas. En tal sentido el Consejo de la Magistratura creó una comisión destinada a seguir las causas por posible complicidad de jueces y personal judicial con el terrorismo de Estado. Según informó el matutino Página/12, se tramitan más de 20 juicios políticos en todo el país por este tipo de causas, y en varios casos se trata de camaristas. Desarmar esta red de jueces comprometidos con la represión ilegal resulta indispensable para garantizar un real sentido de justicia para todos los argentinos.
En una nota publicada en el blog de la Comisión Provincial por la Memoria, su secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, asegura que «las policías y la justicia están direccionadas al control social de los empobrecidos por el sistema y no a investigar y sancionar las redes delictivas complejas que son las que reclutan y utilizan la pobreza que generaron las políticas neoliberales».
El reduccionismo analítico del tema de la inseguridad entendido sólo como un problema policial que prima en los medios de comunicación, mucho tiene que ver con la instalación del miedo social. Las poderosas empresas mediáticas, coaligadas en las últimas décadas con megacorporaciones económicas, inciden en la opinión pública a favor del consenso hacia las políticas represivas. En La batalla de la comunicación, el periodista e investigador Luis Lazzaro sostiene que «a partir de los procesos de concentración y articulación del dispositivo multimedia, la violencia y el crimen dejaron de ser unidades de información aisladas dentro de múltiples focos de atención periodística para convertirse en el eje principal del discurso audiovisual». El investigador vincula la acción mediática intencionada con el perfil de individuo que el sistema neoliberal necesita. «El ciudadano en peligro resulta entonces una construcción de época en la que conviven la ausencia de protección social y la intimidación de los medios. Representa no sólo al consumidor
individualizado que no puede cambiar de canal por la fascinación del terror, sino también una categoría política que fortalece la capacidad de intervención de las corporaciones de medios
en la disputa por mayores espacios de poder».
De igual modo, no pueden ser soslayados en el análisis de la inseguridad, los nuevos negocios que abre la instalación del miedo social. Así, el mercado de la seguridad privada registra un crecimiento explosivo en las últimas décadas. Las despiadadas reglas del libre mercado aplicadas a la seguridad pueden ser muy peligrosas. ¿De qué modo compiten las agencias privadas entre sí? ¿Cómo operan estos cuerpos armados para ganar espacios de mercado? Un estudio difundido por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia revela que sin un estricto control estatal sobre estas agencias, «es muy probable que la ecuación “más seguridad privada y mayor rentabilidad privada, es igual a peor seguridad pública”, no varíe por muchos años».
Otro aspecto fundamental es el virtual autogobierno de las fuerzas policiales, que explica en buena medida la creación de estructuras cuasi mafiosas que no sólo no combaten el delito, sino que participan activamente en distintos negocios ilegales. Además, aún están a la vista las huellas que dejó impresas en las estructuras policiales la colaboración que prestaron a la represión ilegal durante la dictadura.
Tampoco puede dejarse de lado en una mirada integral de la problemática de la seguridad a la justicia, sobre todo porque perviven en el interior del poder judicial numerosos jueces de oscura participación durante los gobiernos de facto y que ya en democracia obstaculizan los procesos contra represores y genocidas. En tal sentido el Consejo de la Magistratura creó una comisión destinada a seguir las causas por posible complicidad de jueces y personal judicial con el terrorismo de Estado. Según informó el matutino Página/12, se tramitan más de 20 juicios políticos en todo el país por este tipo de causas, y en varios casos se trata de camaristas. Desarmar esta red de jueces comprometidos con la represión ilegal resulta indispensable para garantizar un real sentido de justicia para todos los argentinos.
En una nota publicada en el blog de la Comisión Provincial por la Memoria, su secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, asegura que «las policías y la justicia están direccionadas al control social de los empobrecidos por el sistema y no a investigar y sancionar las redes delictivas complejas que son las que reclutan y utilizan la pobreza que generaron las políticas neoliberales».
Acuerdo
El Gobierno Nacional cambió su política de seguridad desde la creación del ministerio a cargo de Nilda Garré. La ministra ejecutó un conjunto de medidas que en buena medida sintonizan con el Acuerdo de Seguridad Democrática, espacio nacido hace poco más de un año y medio, integrado por un centenar de organizaciones –universidades, organismos defensores de derechos humanos, académicos, especialistas en seguridad– de la sociedad civil, y al que adhirieron dirigentes políticos del oficialismo y la oposición. En abril, además de los múltiples desplazamientos de comisarios de la Federal, la ministra puso en marcha el Plan de Participación Comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. Garré sostuvo que «la reapropiación del espacio público por las organizaciones, de la comunidad, la marcha sostenida del proceso de inclusión social, económica, laboral y cultural, respaldados con acciones de gobierno cotidianas, son indispensables para el desarrollo de una política de seguridad democrática».
El Gobierno Nacional cambió su política de seguridad desde la creación del ministerio a cargo de Nilda Garré. La ministra ejecutó un conjunto de medidas que en buena medida sintonizan con el Acuerdo de Seguridad Democrática, espacio nacido hace poco más de un año y medio, integrado por un centenar de organizaciones –universidades, organismos defensores de derechos humanos, académicos, especialistas en seguridad– de la sociedad civil, y al que adhirieron dirigentes políticos del oficialismo y la oposición. En abril, además de los múltiples desplazamientos de comisarios de la Federal, la ministra puso en marcha el Plan de Participación Comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. Garré sostuvo que «la reapropiación del espacio público por las organizaciones, de la comunidad, la marcha sostenida del proceso de inclusión social, económica, laboral y cultural, respaldados con acciones de gobierno cotidianas, son indispensables para el desarrollo de una política de seguridad democrática».
La agenda
El Acuerdo de Seguridad Democrática da cuenta de un cambio en la concientización social acerca de la necesidad de nuevas formas de abordaje de la inseguridad. El manodurismo, además de sus rasgos autoritarios y represivos, ya demostró ser ineficaz para dar tranquilidad a la población. Sobran los ejemplos en tal sentido, pero quizás el más paradigmático sea el de la provincia de Buenos Aires. Durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf se dio el máximo poder a «la mejor policía del mundo» y lejos estuvieron de resolver el problema de la inseguridad. Incluso, el actual gobernador Daniel Scioli, que en líneas generales continuó la premisa de dejar el problema exclusivamente en manos de la policía y mantuvo en este aspecto uno de los principales puntos de conflicto dentro del kirchnerismo, comenzó a dar algunas señales, superficiales por cierto, de adecuación a algunos de los ejes marcados por el Gobierno Nacional.
El cambio que quizás esté comenzando se plasma en una imagen registrada en un seminario internacional organizado por el Acuerdo con el auspicio de la Oficina Regional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Allí, en la mesa de referentes políticos participaron los diputados Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), Mónica Fein (Socialista), María Luisa Storani (UCR), Felipe Solá (PJ Federal) y Horacio Alcuaz (GEN), y el legislador bonaerense Fernando Navarro (Frente para la Victoria), todos firmantes del acuerdo. Más allá de los matices, coincidieron en la condena a la mano dura y la instalación del miedo, así como en la necesidad de alcanzar acuerdos en torno a políticas democráticas de seguridad. La ministra Garré, quien clausuró el encuentro, destacó el consenso alcanzado en el marco del Acuerdo, y concluyó: «Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que llevan a más inseguridad y en el pasado condujeron al terrorismo de Estado».
El Acuerdo de Seguridad Democrática da cuenta de un cambio en la concientización social acerca de la necesidad de nuevas formas de abordaje de la inseguridad. El manodurismo, además de sus rasgos autoritarios y represivos, ya demostró ser ineficaz para dar tranquilidad a la población. Sobran los ejemplos en tal sentido, pero quizás el más paradigmático sea el de la provincia de Buenos Aires. Durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf se dio el máximo poder a «la mejor policía del mundo» y lejos estuvieron de resolver el problema de la inseguridad. Incluso, el actual gobernador Daniel Scioli, que en líneas generales continuó la premisa de dejar el problema exclusivamente en manos de la policía y mantuvo en este aspecto uno de los principales puntos de conflicto dentro del kirchnerismo, comenzó a dar algunas señales, superficiales por cierto, de adecuación a algunos de los ejes marcados por el Gobierno Nacional.
El cambio que quizás esté comenzando se plasma en una imagen registrada en un seminario internacional organizado por el Acuerdo con el auspicio de la Oficina Regional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Allí, en la mesa de referentes políticos participaron los diputados Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), Mónica Fein (Socialista), María Luisa Storani (UCR), Felipe Solá (PJ Federal) y Horacio Alcuaz (GEN), y el legislador bonaerense Fernando Navarro (Frente para la Victoria), todos firmantes del acuerdo. Más allá de los matices, coincidieron en la condena a la mano dura y la instalación del miedo, así como en la necesidad de alcanzar acuerdos en torno a políticas democráticas de seguridad. La ministra Garré, quien clausuró el encuentro, destacó el consenso alcanzado en el marco del Acuerdo, y concluyó: «Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que llevan a más inseguridad y en el pasado condujeron al terrorismo de Estado».
Jorge Vilas
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