Junín y los disturbios por la muerte de Karen Campos

Los pibes que fueron a romper todo son de Junín. Son los hijos o nietos del Neoliberalismo de los 90, de la falta de compromiso de una sociedad que metió la basura debajo de la alfombra. Mientras una parte de Junín se iba a Cancún con el dólar a un peso, estos pibes nacían en un rancho con piso de tierra, o sin obra social porque los padres estaban sin trabajo. Algunos tienen al padre preso, o su madre prostituta, algún hermano muerto en algún hecho, alguna hermana violada por un tío. Todos han sufrido el desprecio de algún dirigente, la explotación de algún patrón que lo traía en la caja de la “chata” con 2 grados bajo cero, la burla de alguna maestra, el "bardeo" de algún policía. Vieron como el arquitecto no le pagó la semana al padre y ya no podían pedir fiado. Se avivaron cuando una maestra se limpió la cara luego de besarlos por compromiso. Son los hijos bastardos de una sociedad que es la Capital del Espectáculo Internacional y no los incluye. A lo sumo pueden ir a cuidar los autos de los “ricos”. Son los que contratan por dos mangos para edificar elegantes y modernos edificios a los que nunca accederán. Son los que cuando andan por el centro los detienen por portación de cara, por ser los "gorrita". Son los que muelen a palos en las comisarías. Muchos tienen varias entradas a la "cana". Muchos estuvieron privados de su libertad. Algunos en centros cerrados. Son carne que se carga en los colectivos para las movilizaciones políticas. Son los negros, los cabezas, los chimangos. Son todo eso y cuando protestan y se enojan, lo hacen de la manera que lo hicieron. No baten palmas. Tiran piedras! No putean generalidades. Arman molotov y las tiran contra todos! No cantan el himno y se van a su casa en paz... Arrancan baldosas de la vereda y las revolean! No se escandalizan frente al maltrato. Si pueden, se tirotean con la “yuta”. ¿Qué creen? ¿De qué manera reaccionarían? Están resentidos. Están enojados. La sociedad los escupe en la cara. Los políticos le prometen casas y se les burlan en la cara. Esos pibes, con los mocos colgando hicieron la fila con la madre en la secretaría de bienestar social de la municipalidad para que alguna burócrata perfumada le entregara una caja de leche en polvo a punto de vencerse. Estos pibes, dormían con hambre al hombro de las madres que cambiaban ropa por tortas fritas en el club del trueque. Estos pibes miraban a través de la vidriera las zapatillas más caras hasta que el encargado del local los rajaba porque le ensuciaban el vidrio. Fueron testigos de cómo un puntero se transó a su mamá o a su hermana por dos chapas. Algunos son chorros o transas. Si! y qué esperaban? La única expectativa que tienen es trabajar en negro como peón de albañil por 90 mangos al día. O simplemente… Son pobres! Están ahí, todo el tiempo. En el mismo Junín donde muchos dicen que está lindo, que está bueno. En la misma ciudad donde el núcleo sojero reniega por el retraso de entrega en la Pick up último modelo. No son “traídos” en un colectivo de ninguna parte. No son militantes políticos, porque de ser así habrían sublimado su justificado resentimiento. ¿Quieren saber sobre estos jóvenes? Vayan a preguntarle a docentes e integrantes de gabinetes en las escuelas. Pregunten a los maestros que no encuentran respuestas en el Servicio Local del Municipio. Pregunten a punteros del oficialismo local quiénes son esos pibes. Pregunten, porque desfilan junto a sus familias por el municipio pidiendo chapas, ropa, comida, guardapolvos, medicamentos y plata para pagar la luz. Desfilan y algunos concejales del oficialismo los atienden y les dan. Pregunten. Son de acá. Made in Junín. Marca registrada de 30 años de gobiernos con una mirada conservadora. En estas horas que han pasado, tan tristes, tan oscuras y tan devastadoras para nuestra ciudad, me ha dolido en la carne la violencia y la destrucción tanto como la hipocresía y la falta de sensibilidad. Escuchar al intendente, con su marketing, solidarizándose con la familia de la víctima de manual, poniendo cara de triste y hablando de los daños para pasar automáticamente al centro de lo que pareciera ser su verdadero objetivo: Victimizarse y culpar a militantes sobre un cadáver tibio. Que repugnancia!. Meoni es responsable de la conurbanización de Junín. De la falta de políticas de inclusión e integración para jóvenes en situación de vulnerabilidad. De la falta de integración de la ciudad con un transporte público de pasajeros. Es responsable de la no articulación entre la policía, la justicia y las entidades intermedias de Junín. Meoni ha sido sostén de las autoridades policiales que se burlaron en la cara de los vecinos miles de veces, como cuando el amigo de Karen, que la vio morir fue a avisar a la comisaría (a 60 metros del Kiosco) y se le rieron. Meoni es responsable de no agotar todas las instancias institucionales para que el Fiscal General actúe con celeridad en el esclarecimiento de 11 víctimas fatales en 12 meses y cientos de delitos que han quedado impunes, entre ellos el incendio de un diario. Meoni es responsable porque desde diferentes organizaciones se le indicó varias veces que había problemas con la droga y la inseguridad en barrios de mucha conflictividad y vulnerabilidad. Pero Meoni y los partícipes necesarios de una administración desastrosa por donde se la mire, no es culpable del pensamiento conservador de muchos juninenses que expresaban: “Estos no son vecinos de Junín”. ¿Ah… no? Si, Si. Viven acá. También son vecinos. ¿Usted, señora del Padre Respuela, no estaba enterada que en Junín, en los barrios donde nunca va hay droga, violaciones, exclusión y pobreza? ¿Usted señor que vive en el empedrado, a dos cuadritas de Roque Sáenz Peña, no sabe que estos pibitos son sus vecinos? Ahora, la patética burguesía asustada cree que Quebracho o La Cámpora organizaron todo. Que pobre lectura. Meoni, y el intendente de Pergamino deberán probar en los tribunales que los incidentes los organizaron militantes opositores. Será la justicia (con la celeridad que la caracteriza) la que determinará si los incidentes fueron o no armados por alguna organización política. Si así fue, que vayan presos. Incluso no habría que descartar al propio Meonismo. Parece que quien más rédito político ha sacado es el intendente, victimizándose, así que no hay que descartar hipótesis. Hay que profundizar el debate y no quedarse en la trampa que plantea Meoni. Aún cuando hubiera instigadores, el fondo de la cuestión es lo fértil que son los sectores marginados de Junín para que prendan las provocaciones. ¿Nadie se pregunta por qué una piba de 17 años estaba trabajando un sábado por la noche para ayudar a su mamá a pagar el alquiler? ¿Tampoco nadie plantea por qué dos jóvenes fueron a matar por plata? ¿Cuál debe ser el debate? ¿Quiénes y por qué rompieron todo o por qué pasa todo lo que pasa en Junín? Son momentos de terminar con el jueguito burlón de anclar políticamente con uno u otro referente nacional. Son horas donde hay que exigirle al Intendente que deje de proyectar su futuro político y se dedique a hacer lo que el pueblo de Junín le encomendó, de manera legítima. Es hora de que Meoni, si solo no puede, si sus colaboradores son simples peleles marketineros, si no se le ocurre ninguna idea, convoque a todos los sectores de la comunidad y pida ayuda para afrontar los gravísimos problemas. De lo contrario, dentro de 14 años, en el bicentenario de nuestra ciudad, seremos una sombra del Junín pujante y trabajador que alguna vez fuimos. Por Gustavo Romans

¿Sólo los pobres miran televisión?

Los pibes que andan por la calle y los jóvenes que pueblan las cárceles tienen en común no sólo su procedencia de hogares llamados pobres sino familias fracturadas. Muchos de ellos, por ejemplo, no conocieron a sus padres biológicos. La mayoría de la sociedad se refiere a “la familia” como una categoría que no requiere mayores explicaciones. Para esos pibes marginados o marginales, muchas veces “la ranchada” ocupa el lugar de la contención y la pertenencia básica. El concepto surge de aquella ranchada carcelaria, de jerarquía de ladrones en serio, o que al menos en la mitología popular los ladrones de antes “tenían códigos”. Pero las actuales variantes de ranchadas van desde los miles que viven en las calles de las grandes urbes hasta los pibes que se juntan a tomar cerveza y compartir porros en las esquinas, cuyos estímulos básicos pasan más por la identidad futbolera y musical. No es peyorativo. Es descriptivo. Pero ninguna descripción es neutral. Tampoco la de este cronista, cuyos gustos en materia deportiva o cultural podrían ser exhibidos para ser diseccionados a la vista crítica de cualquier curioso que no sea complaciente con mis propios estándares o deseos personalísimos. Poniendo un poco más de vinagre en esta ensalada podría decirse, al menos en el caso argentino, lo siguiente: hace dos décadas, un grupo de políticos y empresarios, constituidos como clase dirigente, con legitimidad constitucional, mandaron al tacho a tres de cada diez ciudadanos. Los expulsaron del sistema laboral y redujeron todos los mecanismos de educación, salud y seguridad para que esas personas se las arreglaran en ghettos, ya sea villas miseria o mutando de lugar y de identidad de modo brutal. Diez años después, tratando de reconstruir redes sociales, esas mismas personas o sus hijos son invitados a ser incluidos. Acá se podrían decir dos cosas: que esa inclusión es la oferta de volver al sistema que antes los echó o que es una invitación a ser parte de una trama colectiva que respeta sus derechos. Las dos cosas son ciertas, porque las empresas, para ganar dinero, necesitan mano de obra calificada y disciplinada. La creación de algunos millones de puestos de trabajo (las estadísticas dicen entre cuatro y cinco) revela que la gran mayoría de los humillados obreros dejaron de lado su angustia y se pusieron la camiseta. Sabiendo, desde ya, que el patrón se lleva la parte del león. Pero hay una parte de la sociedad a la que no le llegó esa invitación o, dicho de otro modo, hay una cantidad de gente, sobre todo joven, cuya identidad no se construye a partir de aceptar que el esfuerzo, el sacrificio diario, es la base de la felicidad. Muchos pueden creer que viajar en tren tres horas diarias para ir al laburo es para los giles. Además, no se reconocen en el trabajo como un lugar de pertenencia. Recordemos que un porcentaje importante (no menos de tres de cada diez) están sin registrar, y que otra parte de ellos están registrados pero tienen que bajar la cabeza y cobrar una parte en negro. En fin, el mundo del trabajo en el capitalismo no es un jardín de infantes. Hace ya cuatro décadas, en los cines de la avenida Corrientes, muchos jóvenes veían películas como La clase obrera va al paraíso, donde la famosa alienación del sistema podía verse en clave de comedia. En el film, Gian Maria Volonté interpretaba a Lulú, un operario entregado a su labor de poner tuercas en tornillos que se daba ánimo diciendo “un pezzo un culo, un pezzo un culo”. Hasta que Lulú pierde un dedo y se vuelve el más combativo. Elio Petri, el director, no concede nada, porque los propios militantes miran al pobre Lulú como un tipo ajeno a ese mundo de iniciados. Volviendo a los pobres, no hay dudas de que entre el discurso de los políticos progresistas y populares y los intereses concretos de los empresarios hay una distancia considerable. No es que unos y otros no sepan que juegan juegos distintos. En la actual mirada, la del kirchnerismo, los planes sociales, especialmente los de tipo universal como la Asignación Universal por Hijo, son una malla de contención y un estímulo a la movilidad social ascendente. A los empresarios, básicamente, les interesa mantener la rentabilidad. Aunque se quejan de los aportes a la seguridad social, de los impuestos, de la falta de créditos y también de los ajustes salariales, podría decirse que se bancan esta etapa de la Argentina. Pese a que no es lo mismo un tallerista de veinte obreros que una multinacional, tampoco hay que pensar al empresariado argentino como parte sustantiva de un cambio a largo plazo. Por el contrario, la gran mayoría de los empresarios usan la táctica del Mostaza Merlo, paso a paso. El largo plazo, en su filosofía, es para los ingenuos. Y allí hay una buena parte del refugio en el dólar y una gran dosis de pragmatismo político de subirse al caballo ganador. No podría decirse que los empresarios que hacen giras oficiales lo hagan por haber avanzado en la competitividad o por haber invertido a largo plazo. Más de uno, en voz baja, cuenta que de esa manera arreglan para poder incrementar sus importaciones, con fórmulas que sólo entiende algún secretario de Estado que los invita a giras oficiales. Esto no es ajeno a hablar de la pobreza. Es un poco frustrante que muchas madres no vayan a la oficina de la Anses a tramitar la Asignación por Hijo y que tengan que ir los funcionarios del programa hasta su casa. Pero si hay imperfecciones en los sectores excluidos, también las hay entre los que les ofrecen incluirlos. Y ventilar las realidades suele ayudar a combatir un poco la hipocresía. Es cierto que la Argentina hace una inversión en planes sociales muy alta y que la mayoría no se rigen por criterios clientelares. Pero también es cierto que si ya no va a haber trabajo para todos y todas, como lo indican las tendencias mundiales tanto por la crisis financiera como por los nuevos paradigmas de productividad en base a paquetes tecnológicos que reemplazan a las personas, eso requiere más y mejores debates. Porque con esos planes sociales no se puede parar la olla ni conformar una identidad donde los excluidos se den por bien incluidos. Los niveles de desigualdad social y económica en los que vivimos son tan altos, que debería haber antropólogos no sólo para husmear en la diversidad cultural de los pobres. Es cierto que esos estudios a veces sirven para los programas de ayuda social. También debería haber investigadores sociales que puedan indagar por qué los ricos son tan apegados a sus propiedades y a sus privilegios. Así se podría establecer un sistema impositivo que los contemple. Para incluirlos, pero incluirlos a los hábitos de los comunes. Hace poco, Barack Obama fichó para su gabinete a una joven economista francesa que hizo una carrera brillante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Esther Duflo, la mujer en cuestión, no se dedica a informática ni a nanotecnología, sino a estudiar la pobreza. Parece que su gran prestigio deviene de caminos un poco más prácticos que las donaciones de las fundaciones de los multimillonarios. En cambio de darles unos millones a una líder –real o virtual– para que ella administre, la economista Esther Duflo propone algo más sensato, como por ejemplo entender que muchas veces, para que la gente se vacune, no alcanza con ofrecer un kilo de lentejas en el puesto sanitario sino que es preciso ir al lugar donde viven los pobres. La joven Duflo parece más desenvuelta y menos prejuiciosa que los presidentes de las fundaciones de los bancos que últimamente están perdiendo imagen. Para avanzar en resultados concretos, entre los estudios de los equipos del laboratorio que dirige en el MIT, formulan preguntas de aspecto desprejuiciado como “¿por qué un pobre prefiere comprarse un plasma en cambio de leche y carne para todo el mes?”. Si este molesto cronista pudiera hacer un estudio, le preguntaría a la nueva asesora del señor Obama si sus padres o ella misma no compran plasmas para ver televisión. Claro, cuando los incluidos ven televisión hacen lo que les gusta. Los pobres, parece, deben estar en observación.

Crónica violenta

Lejos de aminorarse, el fenómeno de la violencia en el fútbol continúa con su escalada de amedrentamientos, extorsiones y negocios protagonizados por las denominadas barras bravas, junto con la falta de respuestas efectivas de los organismos de seguridad y gran parte de la dirigencia deportiva a fin de combatir un problema que erosiona el deporte más popular. El comienzo del año deparó diversos hechos de violencia que involucraron todas las categorías del fútbol argentino, desde la Primera División hasta las divisionales del ascenso; estas últimas, territorios hostiles donde asiduamente la violencia configura la norma y no la excepción. La lista incluye incidentes en los clásicos estivales jugados entre Rosario Central y Newell’s, y los Boca-River, signados por la encarnizada disputa entre los dos sectores que dirimen a sangre y fuego el poder de «La 12»: la llamada barra oficial, liderada por Mauro Martín, y el sector que responde a Rafael Di Zeo, ambos imputados en distintas causas penales durante el último tiempo. Se añaden, ya con el Torneo Final en marcha, los disturbios en Unión-Quilmes y las sangrientsa internas entre facciones de la barra de Tigre y Gimnasia. La delicada situación, que ya en 2012 dejó víctimas fatales e innumerables desmanes, revela la gravedad de un problema endémico que anuncia nuevos capítulos similares de no mediar acciones concretas para abordarlo con responsabilidad, sin demagogia, superando las iniciativas meramente coyunturales. La fuerte señal emitida por la comisión directiva de Independiente, presidida por Javier Cantero, resultó una noticia alentadora teniendo en cuenta que, después de mucho tiempo, una dirigencia se mostró decidida a erradicar a los violentos del club. Sin embargo, y más allá del apoyo recibido durante el momento de mayor tensión con la barra brava, sus pares de otras entidades no acompañaron como se esperaba la cruzada de Independiente. Por temores a represalias o por fluidos lazos con los violentos en virtud de trasfondos políticos, lo cierto es que la dirigencia deportiva hoy no se revela comprometida con atacar de raíz las causas del problema. Más aún: algunas siguen entregando todo tipo de prebendas a las barras (entradas de favor, micros para viajes, habilitación de espacios para tramar negocios), en tanto varios clubes tampoco aplican el derecho de admisión, un requisito indispensable. Tampoco los diversos organismos de control del Estado, desde el extinto Comité Provincial de Seguridad Deportiva de la Provincia de Buenos Aires (COPROSEDE) hasta la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) y otros actores, lograron dar respuesta al fenómeno. La propia policía, independientemente de sus juridicciones, ha sido foco de cuestionamientos no sólo por su rol pasivo frente a conflictos dentro y fuera del estadio, sino también por su complicidad con los violentos. El panorama, como se advierte, presenta complejidades y numerosas aristas a atender, algo que desestimaría una solución a corto plazo. Por un lado, porque se trata de un problema histórico del fútbol argentino, que abarca estamentos políticos y deportivos, muchos de los cuales alentaron la creación y consolidación de las barras bravas, hoy verdaderas organizaciones delictivas. Por otro, debido a que de cara a la finalización de la temporada regular suelen aumentar las presiones, los intereses en pugna de los actores involucrados, conforme se definen los campeones y –sobre todo– los descensos de categoría. Abundan, por tanto, las tareas por delante. Un dato a tener en cuenta remite a que varios barras implicados en hechos de violencia irán a juicio este año; entre ellos, integrantes de las dos barras bravas más fuertes que crecieron exponencialmente: «Los borrachos del tablón» y «La 12». Pero, además de este hecho que podría abortar prácticas de impunidad, a la dirigencia deportiva le caben como tarea prioritaria no pocos desafíos: cortar con los favores a los violentos, desplegar activas políticas de prevención –con eje en la educación– y consensuar una posición firme con sus colegas de otros clubes y con los diversos organismos de seguridad, a fin de terminar –de una vez por todas– con un problema social persistente. PABLO PROVITILO - PERIODISTA

La noticia que no leímos

Un siglo atrás, en 1924, el paraje de Napalpí en el Chaco fue el escenario de una masacre: dos centenares de habitantes originarios fueron asesinados por las fuerzas policiales. Apelando al absurdo recurso del peligro malonero, la matanza ocultaba en realidad fuertes intereses económicos: la necesidad de ocupar las tierras de las comunidades, la pérdida de ganancia con los cultivos de algodón y el consiguiente desplazamiento de los aborígenes como mano de obra barata a otras regiones. Había que terminar con el “problema indígena”, y desde el discurso civilizatorio y progresista, la respuesta elegida fue el aniquilamiento. El exterminio. Crímenes en sangre, el libro de Pedro Jorge Solans recientemente editado en la colección Sudestada de bolsillo, da cuenta en detalle de un episodio que dejó una profunda huella en la identidad de un país. Hoy, casi cien años más tarde, la realidad de los pueblos originarios en Chaco y Formosa difiere en algunos aspectos, pero también está marcada por la exclusión, el hambre, la discriminación y el racismo. La amenaza es concreta: sólo en enero pasado, la comunidad qom en el noreste argentino perdió trágicamente a dos de sus miembros en condiciones sospechosas. Las víctimas fueron pibes de 12 y 16 años, víctimas de un odio que emerge ante la pasividad de quienes priorizan el bienestar de los empresarios por encima de la vida de sus vecinos. Ya en diciembre de 2012, Celestina Jara y su nieta de 11 meses murieron después de ser atropelladas por un gendarme, que no se preocupó por asistirlas. Detrás de una creciente hostilidad, detrás de la ambición de nuevos latifundistas, de tanta amenaza y tanta indiferencia de parte de las autoridades, otra vez se vislumbra la trama económica: todas las víctimas vivían en una zona que se ha convertido, en los últimos años, en un jugoso botín para algunos pocos que caminan sobre alfombra roja en los despachos provinciales. Las comunidades qom son un molesto obstáculo para la expansión de los negocios de terratenientes y comerciantes vinculados con el agronegocio. La participación directa de agentes de seguridad, o bien la respuesta represiva con gendarmes, confirman que el rol que hoy desempeña el Estado, en sus distintos niveles, va más allá de la mera complicidad. Aquí se trata de sembrar el miedo y el odio al mismo tiempo, de apelar al desmonte y a los incendios provocados, de ignorar al chagas y al cólera que hacen estragos (pero en silencio), de enquistar el analfabetismo y la desnutrición, de demonizar a los marginados del sistema, de aprovechar para limpiar el terreno y hacer negocios con las tierras de las comunidades, de abrir la puerta al paso firme de las mafias sojeras. Aquí se trata, también, de imponer en la agenda mediática de la prensa orgánica otras cuestiones de relativa importancia, mientras en las entrañas del país se desangra una cultura y un pueblo. Aquí se trata de distraer con el discurso de la hipocresía y el juego de candidaturas para aceitar la oxidada maquinaria del mismo aparato de siempre. Para que nadie escuche. Para que nadie lea. Para que nadie exija. Para que nadie actúe.

Creadores, bajadas y derechos

Discos, películas, series, libros. Los contenidos están ahí, a un clic de distancia. Listos para ser descargados, desde sitios oficiales y no tanto, pagando por ellos o no. A esta altura del nuevo milenio, los consumos culturales han asistido a una especie de revolución. A tal punto que el objeto mismo, el CD o el DVD, fue perdiendo su consistencia material y borroneando aún más el límite entre original y copia. La aparición de la tecnología digital, computadoras personales e Internet mediante, hizo tambalear y envejecer en un par de décadas a las mismas leyes de derecho de autor que se mantuvieron en pie durante siglos. Mientras algunos actores de la cadena productiva en cuestión han visto mermar sus ingresos considerablemente, otros han encontrado nuevas posibilidades de hacer negocios millonarios. Acción convocó a representantes de distintos sectores de la cultura para debatir estas y otras cuestiones a la luz de un escenario cambiante e incierto en el que los intereses en juego trazan un mapa complejo, entre coincidencias y contradicciones. –La entrada en escena de la tecnología digital e Internet y los cambios que produjeron en el panorama cultural, ¿se pueden comparar con lo que sucedió en su momento con la aparición de la imprenta? Juano Villafañe: Desde el papiro a la imprenta Gutenberg, pasando por la industria cultural e Internet, hay todo un proceso. La etapa que inaugura de manera tan particular Internet atraviesa estas relaciones de autores y lectores. Y también establece falsos debates sobre el conflicto cultural y sobre el derecho de autor; y nuevas relaciones de campo entre los dueños de los medios, entre las asociaciones de gestión, entre el propio núcleo social de la cultura que actúa paradojalmente, y el público. El derecho de autor hoy tiene visibilidad y genera debates, como se vio con el caso del canon digital y su aplicación. Juan Félix Memelsdorff: Las dos grandes estaciones que hay en el mundo del derecho de autor son la imprenta y, hace unos años, Internet. De alguna manera, el derecho de autor y el copyright en los países anglosajones surgieron como una reacción ante la necesidad de controlar, desde el punto de vista de los autores y de los editores, pero también de los reyes y de la política, todo lo que se imprimía. Y este sistema, tal como se creó, aguantó bastante bien todos los cambios tecnológicos, hasta Internet. Lo que ahora dispara el debate es la suma de Internet más tecnología digital, que permite duplicar, copiar, reproducir, bajar, muy rápido, con calidad idéntica y a costo casi cero, cosa que en todos los sistemas tecnológicos anteriores no se podía. Por la velocidad con que se impone este cambio, llega mucho más rápido que los jugadores dominantes en el mercado, que llegan más tarde, a la vez que produce una modificación en los hábitos culturales de importantes sectores de la población. Frente a este fenómeno, lo paradójico es que quienes la vieron más clara son grupos que venían de fuera del mundo de los contenidos. Un ejemplo es la empresa más grande del mundo de bajada legal de música: Apple es una empresa estadounidense que viene del mundo de la tecnología, no es una discográfica. Hoy la disputa no está tanto entre tecnología y contenido, sino entre distribuidores y tecnología. En esta disputa, hay que desmitificar cosas importantes, porque en ambos bandos hay importantísimos intereses económicos: de un lado, tenemos grandes corporaciones multinacionales y nacionales dueñas de derechos para ser explotados y, del otro lado, los servidores y proveedores de Internet, que cuanto más ancho de banda, mejor, no importa si el material que va por ahí está protegido por derechos o no. Beatriz Busaniche: Estamos discutiendo sobre la base de una ley que data de 1933 en Argentina, que es la 1.193. El sistema actual de derechos de autor, a nivel global, ha sido diseñado de algún modo en el siglo XIX: es el mismo que se consolidó en el siglo XX con el auge de las industrias culturales. Pero esta legislación se va a los caños en el siglo XXI con el impacto del cambio tecnológico, porque la característica central que tienen las tecnologías digitales es justamente la copia. Todo lo que se hace en Internet es una copia. Incluso cuando estoy mandando un correo electrónico, lo que recibe la otra persona es una copia. Lo que hace Internet y las tecnologías digitales es traer a la mesa de debate a un actor que no estaba antes en esta cuestión: el usuario, que ahora puede hacer aquello que antes estaba regulado. Hace cinco décadas, la propiedad intelectual era un tema entre editores y autores: nunca iba a haber un pleito contra un usuario final o un lector. Porque uno como lector a lo que más podía aspirar era a copiar a mano o, eventualmente, fotocopiarlo. Pero el problema central ahora es que cualquiera de nosotros, que no contamos con una imprenta en casa ni somos editores profesionales, tenemos la facilidad de copiar de un modo que nunca antes fue posible. Hoy cualquiera le puede pasar una canción a un amigo, con la misma calidad. La diferencia entre la copia que vos le pasás a un amigo y la que comprás en la disquería es una cuestión de legalidad y nada más, porque ambas son copias de igual naturaleza: ninguna es un original. Memelsdorff: Hay una diferencia, porque una cadena pagó para que eso exista y la otra no. En la copia legítima, vos vas para atrás en la cadena y terminás encontrando a la discográfica que pagó el máster. Busaniche: En la copia ilegítima también se paga. Juan Pablo Fernández: En la música, la discusión sobre estar en una compañía o ser un grupo independiente tiene que ver con el acceso a grabar y a editar. Los primeros conflictos con Internet tienen que ver con la copia del CD en los 90. Gracias a Internet aparece la posibilidad de tener la misma obra con la misma calidad. Y nuestro grupo, Acorazado Potemkin, cede su disco a la Web. El tema no es sólo Luis Miguel o la Sony: para un montón de grupos como el nuestro, Internet no ha venido a democratizar, por lo que se decía antes de las telefónicas y los servidores, pero de alguna manera ha ido quitando filtros, exclusividad, distribución, toda una serie de cuestiones que el músico siente que son obstáculos para llegar al público. Porque yo creo que, sin hacer demagogia y tomando a los usuarios como un punto de partida hacia nuevas leyes, la gran mayoría de los que producimos música no necesariamente apuntamos a ser parte de la industria cultural o a ajustarnos a los grande presupuestos que manejan las discográficas. Entonces habría que plantear qué hacemos con los miles y miles de grupos que hay en todo el mundo para ser protegidos y apoyados. Lo que nos permitió Internet, en nuestra pequeñísima escala, fue acercarnos a gente de distintas ciudades gracias a la repercusión que ha tenido Mugre, nuestro disco. Industria virtual La integración entre Internet y el televisor –o, mejor dicho, la pantalla de LCD– ya no es una hipótesis: es una realidad concreta. Una de las variantes que ha venido creciendo en los últimos tiempos es la de canales virtuales que ofrecen a sus abonados contenidos audiovisuales bajo demanda. Un modelo que parece partir de la experiencia de YouTube y que busca captar al público habituado a consumir ficciones a través de la red. «La gran cosa que tiene YouTube es que ahí está todo», acota Memelsdorff. «Hoy en día, los que compran películas y bajadas legales no piden exclusividad: casi todos los sitios tienen las mismas películas. Y lo que en realidad ofrecen es quién tiene más cantidad. Netflix, por ejemplo». Osvaldo Pulvirenti: Puedo corregir algo sobre este tema, porque Netflix entra al país sin pedirle autorización a nadie. Por eso compite con proveedores eventuales argentinos del mismo servicio en desigualdad de condiciones. Porque Netflix es mundial y previó, entre otras cosas, un sistema de lanzamiento simultáneo en toda Latinoamérica, país por país, sin haber pedido ninguna autorización. Yendo a los esquemas de propiedad intelectual, el año pasado, en la FIAP (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos), tuvimos una reunión donde estaba el representante de la India, que dijo que para combatir la «piratería» –denominación que no comparto–, el acceso ilegal a la propiedad intelectual, había que equiparar la figura del que bajaba un contenido con un terrorista. Obviamente, los productores dijeron «qué bárbaro»: parece que cuanto más represiva es la legislación, más «adelantados» estamos. La pregunta que hice yo fue a cuántos condenaron a pena de muerte por bajar contenidos. A nadie, porque no la pueden aplicar, lógicamente, dado que los usuarios van a seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces, en medio de un cambio cultural de esta magnitud, lo que hay que ver es de qué manera el paradigma económico se reconstruye en virtud de esa nueva realidad que quiebra el esquema tradicional. Por eso el canon digital es una manera que han encontrado de tratar de encarar la cuestión. Debe buscarse una forma de armonizar ese derecho de propiedad intelectual con un acceso del usuario lo más democrático y abierto posible, porque el objeto cultural no solamente tiene la satisfacción del propio creador, sino en general a partir de su difusión. Busaniche: Una de las cosas que ha pasado en las últimas décadas en las industrias del entretenimiento es que se han reducido notablemente las opciones culturales. En los cines, ¿cuántas salas están pasando cine diverso? Cada vez es más complicado escuchar músicas que no se editan acá, porque no son comercialmente relevantes para quienes tienen los derechos en Argentina. ¿Qué se compra en las librerías? Lo que van rotando en las vidrieras las grandes cadenas. Unos pocos actores fijan el canon de lo que se va a leer, lo que se va a escuchar, lo que se va a ver en el cine, por una cuestión de agenda comercial. Pero no necesariamente reflejan mi agenda como consumidora de cultura. Yo quería retomar la cuestión de la ley, que se caracteriza por ser una de las más rígidas del mundo. La excepción para bibliotecas, por ejemplo, que fue presentada por el diputado Heller, a partir de un proyecto elaborado por la Asociación de Bibliotecarios, ahí quedó: nunca se llegó a tratar. Y eso es algo ínfimo; de hecho, los reportes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dicen que sólo 20 países de los firmantes del Tratado de Berna no la han incorporado. Las excepciones para biblioteca son para préstamos interbibliotecarios. Yo me atrevo a decir, y probablemente suene a provocación, que si cumpliéramos la ley, yo, por lo menos, no tendría mi título universitario, porque no hubiera podido comprar todo lo que necesité leer para lograr un grado en una universidad pública. Y, como docente de la UBA, sé que todos mis alumnos fotocopian los artículos que tienen que leer. No sólo está la cuestión de los materiales cuyos autores vivos quieren poner o no en Internet. Villafañe: El tema es resolver una ley global sobre el derecho de autor y no aquellas cosas tangenciales, porque estoy totalmente de acuerdo con que las bibliotecas hagan fotocopias de manera libre. El problema son los autores: en la Sociedad Argentina de Escritores consideramos que hay que reconocer al autor. Tenemos el canon digital, que tiene el aval de toda la sociedad de gestión; sin embargo, no se le da curso a propósito de un problema que también plantean los usuarios: ¿cómo me van a recargar a mí el impuesto del canon digital y del producto final que voy a comprar? Evidentemente, las relaciones que estamos planteando deben reconsiderarse desde el Estado. Porque estas nuevas relaciones son tangenciales, hasta paradojales. Si la SADE, por ejemplo, tuviera la opción de ser la entidad recaudadora de los derechos de autor, ¿quiénes se opondrían en primer lugar? Los escritores. El propio núcleo social de la cultura no confía muchas veces en los procesos de recaudación de los derechos de autor, que son los que nosotros tenemos que considerar y defender más allá de si está bien o está mal la forma en que se distribuyen. En la SADE estamos trabajando por el derecho colectivo, que sería una gran posibilidad para que el autor pudiera ser reconocido. El conjunto de las otras entidades recaudadoras del derecho de autor va a plantear el canon digital. Yo no sé dónde encontramos el problema, pero una buena redistribución del canon digital sería un ingreso para todos. Fernández: No es un ingreso para todos; lamentablemente no hay control, no está socializado, no se paga cada cosa como corresponde. La mayoría de los medios de comunicación pagan un canon a SADAIC. Memelsdorff: Un problema son los que hoy recaudan –como SADAIC– y cómo lo reparten. Otra cosa es el canon digital que se quiso implementar. Básicamente, es gravar el soporte y repartir el beneficio producido entre los distintos actores de la cadena. En el caso de los contenidos audiovisuales, es gravar el dispositivo que permite la reproducción. Pulvirenti: Coincido con el doctor: en esta cadena siempre va a haber quien gana plata. La pregunta es cómo se reparte. Estamos hablando de Google, por ejemplo. Yo puedo entrar a un sitio de audiovisuales ilegales y ver publicidad de primeras marcas. Una propuesta que llevamos con el INCAA es blanquear: «Acá hay alguien que gana plata y que no está pagando nada y tiene que hacerlo». Hay un contenido pago que se está publicitando: no puede ser algo que le escapa totalmente al autor, lo deja completamente fuera de esa cadena. Alguien se está adueñando de esa posibilidad de emitir, y alguien está lucrando con la publicidad. Entonces, un esquema que ha pedido el INCAA, y que sí tiene la iniciativa norteamericana SOPA, es repartir la publicidad, porque ahí está el negocio que tiene que ver con Internet, que se financia básicamente con avisos. El punto es cuál es la cadena de valores y de qué manera se ha reconvertido el negocio, para saber quién tiene que tributar al Estado y al autor. Ahí falla en gran parte la legislación. Del autor al público Cerca de la resignación, algunos productores aseguran por lo bajo que es casi imposible que una generación, la de los adolescentes actuales, llegue a plantearse la posibilidad de pagar por contenidos –discos, películas– que hoy consigue sin pagar un centavo. La cuestión, de todas formas, traspasa las barreras etarias y abarca a la sociedad en su conjunto. ¿Una nueva legislación podría introducir un cambio en los hábitos de consumo? «Yo no estoy del todo segura de que la pregunta tenga que ver con la costumbre de pagar o no pagar por la cultura», retruca Busaniche. «De hecho, cuando uno observa estudios hechos en distintas universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Brasil, lo que queda bastante claro es que la gente que descarga gratuitamente es, a la vez, también la que más consume. Y que la variable de pagar o no pagar depende más de la disponibilidad de plata que tenga una familia para invertir en cultura que de si puede acceder o no gratuitamente. Lo que sí va cambiando es la dirección de hacia dónde va el dinero: antes tal vez lo invertía en un disco y ahora en juntar un poco más e ir a un recital. Pero la gente que tiene 100 pesos para cultura los gasta en cultura, ya sea para ir al cine o a un show». Fernández: Es la gente la que tiene un interés concreto por la cultura. En ese sentido, revindico lo que, de alguna manera, es asumir cierta derrota económica: se trata de que vos puedas facilitarle las cosas al que quiere tener tu material. Nosotros subimos nuestros discos a Internet y recibimos muy poco como donaciones, pero triplicamos el público que nos va a ver. Y ahora podemos tocar en todo el país. Generamos una forma de ser sustentables: es un emprendimiento de la banda, lo capitalizamos nosotros. Pero igual pasa algo raro, porque aunque uno acepte que no va a ganar un peso, encuentra trabas en los sitios desde los cuales se puede bajar lo que vos subiste. A mí me llamaba la atención, tiene que ver con las licencias, con quién las administra, quién tiene el canal de YouTube, quién tiene ese material audiovisual. Villafañe: En tanto creadores, podemos acordar que ustedes como grupo renunciaron a ese derecho de autor en la medida de la libertad de cada uno, que puede hacerlo porque quiere. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es cómo se implementan los derechos de autor de tal manera que el usuario, que es un agente que hay que tener en cuenta, el propio núcleo social de la cultura, que es el que se va a beneficiar con ese derecho de autor, el Estado, las sociedades de gestión, que son las que intervienen en esta relación, establezcan una nueva política. Porque, en algunas circunstancias, lo que ocurre es que el derecho de autor, por omisión o por políticas, se establece desde el propio sector social de la cultura que se ve beneficiado, o no considera a las sociedades de gestión como distribuidores de derechos de autor. Y, por otra parte, existen a su vez condiciones no muy democráticas de distribución de derechos de autor. Fernández: Hay otro debate sobre lo que es el derecho de autor: cuánto se cobra, qué parte es realmente del artista. Porque de los derechos que se ceden cuando un grupo decide firmar un contrato, el porcentaje que se llevan las compañías sigue siendo muy alto. Hay que poner en crisis eso también, para que nos sirva realmente a los creadores. Algo que no sucede salvo en los grandes negocios en los que se beneficia a un músico en particular. Pero, como artista independiente, defender el derecho de autor poniéndome del lado de una compañía para cobrar, no sé, 0,80 pesos por cada disco… Ya lo hicieron grupos como Metallica cuando se produjo el conflicto con Napster. No me interesa: si ese es mi derecho, no quiero esa migaja. Busaniche: Tendríamos que lograr que el autor pueda pararse en una posición negociadora para proteger su propia creación. Muchas veces nos dicen: «Ustedes quieren que la gente descargue gratis». La condición de los músicos menos beneficiados muchas veces tiene que ver con las condiciones materiales de la propia industria en la cual están metidos. Y la zanahoria que les han puesto, en muchos casos, es la de hacerles pensar que porque le entregan la sangre y el ADN de su tatarabuela a una discográfica en algún punto van a ser Bono. Y Bono y Madonna son casos excepcionales. Memelsdorff: Pasamos de hacer crema el derecho de autor a estar defendiéndolo y haciendo fuerza para que los autores puedan negociar más y mejor. Villafañe: Hay que encontrar una organización que no sea desautorizada. Argentores es un ejemplo excelente: en Argentina, dentro de la cultura del teatro, no hay ningún dramaturgo que renuncie a pasar por Argentores. Busaniche: Yo conozco a algunos autores que no han podido poner su obra en teatros porque no querían pagarle el canon a Argentores. Fernández: Yo no puedo elegir no pagar SADAIC, porque te lo vienen a sacar de la recaudación. Memelsdorff: Lo paga el usuario, no lo pagás vos. Uno de los problemas que tiene la gestión colectiva en Argentina es que se ha dedicado básicamente a recaudar, mientras que puso poco énfasis en la defensa y promoción de los autores. Pero, conceptualmente, la gestión colectiva no es un mal sistema. El derecho de autor y el copyrigth son formas de resolver la diferencia de intereses entre el individuo y la sociedad desde hace 300 años. Probablemente haya que revisar cuál es el punto entre los creadores y los intérpretes, quienes difunden y el público, que además ahora es interactivo. Seguramente hay que discutir nuevamente cuál es el punto de equilibrio. Y, a partir de ahí, contemplar distintas posiciones sabiendo que se van a tocar intereses. –¿Cómo se resuelve la tensión entre el derecho de autor y el de libre acceso a la cultura? Memelsdorff: Internet cruza todos los campos y obliga al debate. Y cuando vos debatís el derecho de autor, inmediatamente después vas a estar discutiendo el rol de la sociedad de gestión, porque están de la mano. Quienes están en el copyleft van a decir «no quiero derecho de autor». En mi visión, tiene que seguir existiendo el derecho de autor, reconociendo los nuevos hábitos del público. Busaniche: Para discutir una ley, hay que introducir la relación entre los autores, el público, la industria y el Estado. Acá tenemos un problema, y es que la propiedad intelectual en todos sus campos tiene que ver con las políticas públicas. Y de algún modo los Estados, a partir de la firma de los tratados de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio y demás, han ido abandonando la discusión sobre el tema. Frente a los tratados de libre comercio, los que tienen que tomar las decisiones, que son los parlamentos y los ciudadanos de cada país, han quedado ajenos a esta discusión. Así, hemos ido renunciando a darnos una política pública. Lo que hemos hecho en el software libre, el Creative Commons y los distintos movimientos en que hemos tratado de encontrar un camino, es una solución privada partiendo de un problema público. Y, como tales, son soluciones limitadas, ineficientes en muchos casos. Es un tema que necesita debate público, además de investigación académica, acerca de cuál es el impacto y cuáles son las implicancias.