El tema de la inseguridad gana frecuentemente los titulares de los periódicos y el espacio central de los informativos radiales y televisivos, que suelen acompañar esas noticias con el testimonio de dirigentes y especialistas varios quienes –cual iluminados– aseguran tener en sus manos la solución de la problemática construyendo más cárceles, con penas más duras para los delincuentes, bajando la edad de imputabilidad o creando nuevas instituciones de control. Con menos presencia mediática, hay otras voces, ideas diferentes acerca de cómo abordar el problema de la seguridad. Uno de los especialistas más reconocidos en la materia, el director nacional de Política Criminal, Mariano Ciafardini, desde su despacho en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, pone blanco sobre negro la situación y afirma: «La cuestión de la seguridad y del delito, más allá de ser una cuestión ética, jurídica o pragmática, es fundamentalmente una cuestión política».
A contrapelo de los enfoques simplistas que predominan en los medios de comunicación dominantes para explicar la problemática de la inseguridad cotidiana, Ciafardini reconoce su origen en la estructura misma de la sociedad moderna. «La primera situación de gran conflictividad delictiva se instaló en Europa occidental a partir del siglo XIII y XIV –sostiene–, donde ya existían situaciones de bandidajes, robos, hurtos, mezclados con mendicidad, vagancia. Ahí aparecen los edictos policiales de los estados sospechosos, donde estar desempleado era un delito y la mayoría de la gente estaba desempleada. Desde ese momento, la cuestión criminal, que viene de la mano de lo social y de la pobreza, quedó instalada como tal en la modernidad. Y se empezó a construir una situación que arrastramos hasta nuestros días». Y continúa: «La pobreza permanente, crónica, persistente y extrema, genera una conflictividad inevitable. Frente a esa conflictividad, el sistema no sólo no la reconoce como una conflictividad inherente, sino que pretende reprimir esa conflictividad como si fuese un mal comportamiento de los integrantes, un atributo de las personas, cuando lo que la está produciendo es la forma de organización social, sobre todo la injusticia social, las grandes diferencias, las expulsiones, las exclusiones».
–La problemática fue cambiando con el tiempo, ¿cómo se llega al presente?
–Durante el siglo pasado hubo un apaciguamiento en términos generales y con grandes diferencias entre países, especialmente por el desarrollo del Estado benefactor, por las políticas intervencionistas, por el keynesianismo. Eso se notó en todo el mundo, desde el New Deal, en Estados Unidos, con una muy baja tasa de delitos y con un reducido índice de desocupación. Aquí pasó lo mismo durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Siempre, los gobiernos más intervencionistas y con mayores políticas sociales, coincidieron con niveles bajos de delito. Y estas situaciones son las que están en el imaginario de mucha gente hoy, que coincide con la época del Estado benefactor o lo que quedó de ese Estado hasta mediados de los 60. Ahora estamos en un tercer momento, el de la globalización y el neoliberalismo, que ha venido de la mano de una profundización de las desigualdades, con la aparición de fenómenos nuevos, como la marginalidad, que es la pobreza extrema crónica, la contracara del Estado benefactor o del Estado intervencionista.
En América latina se ha producido un aumento de la conflictividad, de delitos contra la propiedad y de los tráficos de ilícitos –de estupefacientes, de armas, de personas–, que han transformado muchas ciudades. Aquí en Argentina, aunque había un Estado intervencionista más desarrollado, se desmanteló y apareció la exclusión como una forma de expulsión social y eso hizo que en los 90 aumentaran muchísimo los delitos contra la propiedad. De ese modo llegamos a una situación que contrasta con los primeros años del siglo XX.
–Usted ha sostenido que las teorías criminológicas desde su origen tuvieron como función tratar de ocultar la relación entre fractura social y violencia. ¿Persiste ese ocultamiento?
–Así es, y se ve muy claramente cómo con el retorno al liberalismo inicial en una forma neo, se vuelve a las situaciones de bandolerismo y bandidaje también en una forma neo, como son el robo oportunista en la calle, o «salir de caño», mezclado, en ocasiones, con tráfico de estupefacientes. La mayoría de las veces estos hechos los protagonizan jóvenes en situación de marginalidad extrema, con un grado muy bajo de inclusión laboral, social, cultural.
Esta es la reedición de aquellas épocas del capitalismo salvaje, ahora en el marco de la globalización. Y es claramente sistémica, producto de la estructura, de este regreso en espiral a situaciones históricas anteriores que se habían dado en otro continente, pero que ahora se reinstalan aquí de peor manera. Y las recetas vuelven a ser las que desconocen la situación y buscan soluciones prácticas, pragmáticas. «Si la violencia está generada por estos sectores, profundicemos la exclusión, separémoslos con paredes, con represión, con la criminalización de la pobreza en general». Esas recetas lo único que hacen es reproducir violencia y aumentarla, cuando de lo que se trata es de ver cómo se van a paliar, a contener o a empezar a revertir los problemas que están en la base de la generación de la violencia. Porque el de la seguridad es un problema político y económico, es un problema de base, de cómo se estructura la sociedad. Y es por eso que el neoliberalismo ha traído más inseguridad, porque ha venido de la mano de la sociedad del riesgo. Es una propuesta política insegura, mientras que la mayor presencia del Estado y la mayor democracia es una estructura más segura. Esto es lo que está en la base de la inseguridad.
–¿Y específicamente en el caso de nuestro país?
–Cuando analizamos la situación en Argentina y las políticas desarrolladas durante los últimos años, hay que ser muy cuidadosos en algunos aspectos. Hay algo que confirma lo que estoy diciendo, que es que desde 2003 hubo un descenso de la mayoría de los delitos, que son los delitos de robo y hurto. Hubo un descenso, por supuesto, en una situación de alta cantidad de delitos que se generó en los años 90, pero ese descenso coincide con la baja de la curva de desocupación. Por supuesto que para llegar a los niveles que teníamos en los 50 y 60, hay que reestructurar una matriz económica, social, cultural y política que fue estructurada desde la dictadura. Es un proceso complejo y largo, pero ya con los primeros movimientos que apuntaron a aumentar el empleo se notó algún efecto.
–Los orígenes están claros pero, ¿cómo seguir?
–El gran desafío ahora es qué se hace de aquí en adelante. Porque hay un punto desde donde, para que siga la baja del delito, es necesario empezar a desarrollar políticas públicas específicas. En el país, por ejemplo, se desarrollaron proyectos o planes pilotos de intervención, de participación ciudadana y de inclusión social, como el «Plan de comunidades vulnerables», que desarrolló el Ministerio de Justicia en el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires y en Morón, cuando Martín Sabbatella era intendente. Fueron planes piloto, muy limitados, con continuidades y discontinuidades. Eran interesantes porque había participación ciudadana y programas de inclusión juvenil en los barrios más empobrecidos, con becas para jóvenes varones, que implicaban regreso escolar, microemprendimientos o actividades culturales. Y donde se aplicaron tuvieron resultados positivos. En ese sentido, con el diputado Carlos Heller, estamos trabajando en un proyecto de ley marco de prevención del delito, que incluya este tipo de acciones y al que adhieran las provincias (ver recuadro).
–¿La creación del Ministerio de Seguridad se enmarca en ese desarrollo de políticas públicas?
–Sin dudas su creación muestra la trascendencia que se le quiere dar al tema desde el Gobierno Nacional. Pero este nuevo ministerio debe trabajar en articulación con otros, especialmente con el de Justicia, por todos los temas relacionados con la justicia penal, los ministerios públicos, el tema carcelario y poscarcelario.
Creo que tanto el Operativo Centinela como el relevo de los titulares de las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y otras, son medidas iniciales, de urgencia, no es que eso sea el plan, pero están marcando la decisión de llegar hasta donde haya que llegar. Esto es muy importante porque sin decisión política no puede hacerse nada. Es una señal interesante para todos aquellos que vemos el tema de la seguridad desde el progresismo, desde la democracia, desde la seguridad para todos, que es la única posible, porque la otra viene fracasando históricamente. Ha sido una especie de bálsamo que el Gobierno Nacional tome este tipo de decisiones y esté dispuesto a profundizarlas.
–¿El Plan Nacional de Participación Comunitaria en seguridad que presentó la ministra Nilda Garré tiene puntos en común con el proyecto de ley marco de seguridad que el Bloque Nuevo Encuentro presentará en el Congreso?
–Así es. Mucha de la gente que está en el nuevo Ministerio, en cargos ejecutivos, se ha formado con nosotros, tanto en las experiencias en el Ministerio de Justicia como en el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) que presido. Nosotros empezamos con una experiencia pionera en el país de participación ciudadana en prevención del delito, desde la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia en 1997, cuando nadie –excepto en el ámbito académico– hablaba de prevención y menos de participación ciudadana. A mí me interesó mucho la propuesta, y ese mismo año empezamos a hacer las experiencias piloto de las que saldría el «Plan Saavedra». Desde entonces hasta hoy, hemos hecho miles de intentos, algunos programas, se llegaron a desarrollar estrategias en distintos lugares de Capital Federal y en algunas provincias. Lo hemos predicado, lo hemos enseñado, hemos hecho camino y es una gran satisfacción ver que a nivel del flamante Ministerio de Seguridad, una de las políticas centrales que se enuncia es justamente esta.
–Fueron pioneros, entonces…
–Seguramente esos intentos locales están en la base de antecedentes de la creación del nuevo Ministerio y de esta política. No es que me considere el factotum de la política del Ministerio de Seguridad. Por el contrario, somos varias corrientes que hemos desarrollado la idea de la participación comunitaria como una expresión verdaderamente democrática de las políticas públicas de la gente y lo novedoso de hacerlo también en políticas de seguridad. Estamos entusiasmados porque creemos que la gente que lo va a implementar, empezando por la ministra Nilda Garré, no hacen un anuncio porque compraron o les pareció marketinero el título, sino que entienden de lo que están hablando y lo incorporan como parte principal de una política, de una estrategia.
–El primer escenario de su puesta en marcha es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Piensa que será posible llevarlo adelante en articulación con el Gobierno porteño?
–El principal problema es que estas políticas de participación comunitaria requieren como actor necesario y central al gobierno local. Es fundamental para la articulación real, sustentable, efectiva, para que se consigan resultados. No sólo para armar la red de participación, que no se limita a una convocatoria general, es un armado en red, con vasos comunicantes, canales de ida y vuelta, disparadores, propuestas, recolección de las demandas y propuestas. Es una cosa muy dinámica y muy compleja. Necesita de mucha gente trabajando en red y cubriendo toda la población. Porque si no se hace de este modo, se volverían a repetir experiencias negativas como fueron algunos foros de la provincia de Buenos Aires o lo que eran las viejas cooperadoras policiales. Es un desafío mucho más grande.
Sin el gobierno local esto se hace cuesta arriba. Y lamentablemente el actual Gobierno de la ciudad es todo lo contrario a este tipo de propuestas. Es un gobierno de derecha que le rehúye a la participación o la disfraza de show participativo porque no tiene en mente empoderar ciudadanía, generar presupuesto participativo y profundizar la democracia. Lo que está en el fondo es su intención de generar grandes negocios, construir una ciudad para ricos y excluir al resto. Ahí hay un problema. Por eso se está tratando de articular con ONG, para ver si se puede avanzar aún en este contexto hostil, y esperando que cambie el panorama luego de las elecciones de este año en la ciudad. La única alternativa por ahora es tomar contacto directo con mediadores de la representación, como pueden ser las ONG, o directamente con los vecinos.
–Y en el resto del país tendrá que acordarlo con los gobiernos provinciales y municipales, con los cuales existen posibilidades claras de articulación. Porque, primero, el municipio es responsable de poner esfuerzo y recursos, especialmente humanos, y segundo, porque políticamente es el representante del gobierno local, el que ha elegido la gente.
–Creo que está muy bien planteado por el Ministerio y si tiene un socio local haciendo lo que debe hacer, en poco tiempo aparecerán resultados claros de aseguramiento de la zona, mejor vigilancia, prevención y anticipación a la comisión de los hechos. Una anticipación racional, que evita efectos colaterales que producen más daños que los que evita y que incluso potencia beneficios colaterales y promueve el involucramiento de los vecinos en otros temas.
A contrapelo de los enfoques simplistas que predominan en los medios de comunicación dominantes para explicar la problemática de la inseguridad cotidiana, Ciafardini reconoce su origen en la estructura misma de la sociedad moderna. «La primera situación de gran conflictividad delictiva se instaló en Europa occidental a partir del siglo XIII y XIV –sostiene–, donde ya existían situaciones de bandidajes, robos, hurtos, mezclados con mendicidad, vagancia. Ahí aparecen los edictos policiales de los estados sospechosos, donde estar desempleado era un delito y la mayoría de la gente estaba desempleada. Desde ese momento, la cuestión criminal, que viene de la mano de lo social y de la pobreza, quedó instalada como tal en la modernidad. Y se empezó a construir una situación que arrastramos hasta nuestros días». Y continúa: «La pobreza permanente, crónica, persistente y extrema, genera una conflictividad inevitable. Frente a esa conflictividad, el sistema no sólo no la reconoce como una conflictividad inherente, sino que pretende reprimir esa conflictividad como si fuese un mal comportamiento de los integrantes, un atributo de las personas, cuando lo que la está produciendo es la forma de organización social, sobre todo la injusticia social, las grandes diferencias, las expulsiones, las exclusiones».
–La problemática fue cambiando con el tiempo, ¿cómo se llega al presente?
–Durante el siglo pasado hubo un apaciguamiento en términos generales y con grandes diferencias entre países, especialmente por el desarrollo del Estado benefactor, por las políticas intervencionistas, por el keynesianismo. Eso se notó en todo el mundo, desde el New Deal, en Estados Unidos, con una muy baja tasa de delitos y con un reducido índice de desocupación. Aquí pasó lo mismo durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Siempre, los gobiernos más intervencionistas y con mayores políticas sociales, coincidieron con niveles bajos de delito. Y estas situaciones son las que están en el imaginario de mucha gente hoy, que coincide con la época del Estado benefactor o lo que quedó de ese Estado hasta mediados de los 60. Ahora estamos en un tercer momento, el de la globalización y el neoliberalismo, que ha venido de la mano de una profundización de las desigualdades, con la aparición de fenómenos nuevos, como la marginalidad, que es la pobreza extrema crónica, la contracara del Estado benefactor o del Estado intervencionista.
En América latina se ha producido un aumento de la conflictividad, de delitos contra la propiedad y de los tráficos de ilícitos –de estupefacientes, de armas, de personas–, que han transformado muchas ciudades. Aquí en Argentina, aunque había un Estado intervencionista más desarrollado, se desmanteló y apareció la exclusión como una forma de expulsión social y eso hizo que en los 90 aumentaran muchísimo los delitos contra la propiedad. De ese modo llegamos a una situación que contrasta con los primeros años del siglo XX.
–Usted ha sostenido que las teorías criminológicas desde su origen tuvieron como función tratar de ocultar la relación entre fractura social y violencia. ¿Persiste ese ocultamiento?
–Así es, y se ve muy claramente cómo con el retorno al liberalismo inicial en una forma neo, se vuelve a las situaciones de bandolerismo y bandidaje también en una forma neo, como son el robo oportunista en la calle, o «salir de caño», mezclado, en ocasiones, con tráfico de estupefacientes. La mayoría de las veces estos hechos los protagonizan jóvenes en situación de marginalidad extrema, con un grado muy bajo de inclusión laboral, social, cultural.
Esta es la reedición de aquellas épocas del capitalismo salvaje, ahora en el marco de la globalización. Y es claramente sistémica, producto de la estructura, de este regreso en espiral a situaciones históricas anteriores que se habían dado en otro continente, pero que ahora se reinstalan aquí de peor manera. Y las recetas vuelven a ser las que desconocen la situación y buscan soluciones prácticas, pragmáticas. «Si la violencia está generada por estos sectores, profundicemos la exclusión, separémoslos con paredes, con represión, con la criminalización de la pobreza en general». Esas recetas lo único que hacen es reproducir violencia y aumentarla, cuando de lo que se trata es de ver cómo se van a paliar, a contener o a empezar a revertir los problemas que están en la base de la generación de la violencia. Porque el de la seguridad es un problema político y económico, es un problema de base, de cómo se estructura la sociedad. Y es por eso que el neoliberalismo ha traído más inseguridad, porque ha venido de la mano de la sociedad del riesgo. Es una propuesta política insegura, mientras que la mayor presencia del Estado y la mayor democracia es una estructura más segura. Esto es lo que está en la base de la inseguridad.
–¿Y específicamente en el caso de nuestro país?
–Cuando analizamos la situación en Argentina y las políticas desarrolladas durante los últimos años, hay que ser muy cuidadosos en algunos aspectos. Hay algo que confirma lo que estoy diciendo, que es que desde 2003 hubo un descenso de la mayoría de los delitos, que son los delitos de robo y hurto. Hubo un descenso, por supuesto, en una situación de alta cantidad de delitos que se generó en los años 90, pero ese descenso coincide con la baja de la curva de desocupación. Por supuesto que para llegar a los niveles que teníamos en los 50 y 60, hay que reestructurar una matriz económica, social, cultural y política que fue estructurada desde la dictadura. Es un proceso complejo y largo, pero ya con los primeros movimientos que apuntaron a aumentar el empleo se notó algún efecto.
–Los orígenes están claros pero, ¿cómo seguir?
–El gran desafío ahora es qué se hace de aquí en adelante. Porque hay un punto desde donde, para que siga la baja del delito, es necesario empezar a desarrollar políticas públicas específicas. En el país, por ejemplo, se desarrollaron proyectos o planes pilotos de intervención, de participación ciudadana y de inclusión social, como el «Plan de comunidades vulnerables», que desarrolló el Ministerio de Justicia en el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires y en Morón, cuando Martín Sabbatella era intendente. Fueron planes piloto, muy limitados, con continuidades y discontinuidades. Eran interesantes porque había participación ciudadana y programas de inclusión juvenil en los barrios más empobrecidos, con becas para jóvenes varones, que implicaban regreso escolar, microemprendimientos o actividades culturales. Y donde se aplicaron tuvieron resultados positivos. En ese sentido, con el diputado Carlos Heller, estamos trabajando en un proyecto de ley marco de prevención del delito, que incluya este tipo de acciones y al que adhieran las provincias (ver recuadro).
–¿La creación del Ministerio de Seguridad se enmarca en ese desarrollo de políticas públicas?
–Sin dudas su creación muestra la trascendencia que se le quiere dar al tema desde el Gobierno Nacional. Pero este nuevo ministerio debe trabajar en articulación con otros, especialmente con el de Justicia, por todos los temas relacionados con la justicia penal, los ministerios públicos, el tema carcelario y poscarcelario.
Creo que tanto el Operativo Centinela como el relevo de los titulares de las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y otras, son medidas iniciales, de urgencia, no es que eso sea el plan, pero están marcando la decisión de llegar hasta donde haya que llegar. Esto es muy importante porque sin decisión política no puede hacerse nada. Es una señal interesante para todos aquellos que vemos el tema de la seguridad desde el progresismo, desde la democracia, desde la seguridad para todos, que es la única posible, porque la otra viene fracasando históricamente. Ha sido una especie de bálsamo que el Gobierno Nacional tome este tipo de decisiones y esté dispuesto a profundizarlas.
–¿El Plan Nacional de Participación Comunitaria en seguridad que presentó la ministra Nilda Garré tiene puntos en común con el proyecto de ley marco de seguridad que el Bloque Nuevo Encuentro presentará en el Congreso?
–Así es. Mucha de la gente que está en el nuevo Ministerio, en cargos ejecutivos, se ha formado con nosotros, tanto en las experiencias en el Ministerio de Justicia como en el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) que presido. Nosotros empezamos con una experiencia pionera en el país de participación ciudadana en prevención del delito, desde la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia en 1997, cuando nadie –excepto en el ámbito académico– hablaba de prevención y menos de participación ciudadana. A mí me interesó mucho la propuesta, y ese mismo año empezamos a hacer las experiencias piloto de las que saldría el «Plan Saavedra». Desde entonces hasta hoy, hemos hecho miles de intentos, algunos programas, se llegaron a desarrollar estrategias en distintos lugares de Capital Federal y en algunas provincias. Lo hemos predicado, lo hemos enseñado, hemos hecho camino y es una gran satisfacción ver que a nivel del flamante Ministerio de Seguridad, una de las políticas centrales que se enuncia es justamente esta.
–Fueron pioneros, entonces…
–Seguramente esos intentos locales están en la base de antecedentes de la creación del nuevo Ministerio y de esta política. No es que me considere el factotum de la política del Ministerio de Seguridad. Por el contrario, somos varias corrientes que hemos desarrollado la idea de la participación comunitaria como una expresión verdaderamente democrática de las políticas públicas de la gente y lo novedoso de hacerlo también en políticas de seguridad. Estamos entusiasmados porque creemos que la gente que lo va a implementar, empezando por la ministra Nilda Garré, no hacen un anuncio porque compraron o les pareció marketinero el título, sino que entienden de lo que están hablando y lo incorporan como parte principal de una política, de una estrategia.
–El primer escenario de su puesta en marcha es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Piensa que será posible llevarlo adelante en articulación con el Gobierno porteño?
–El principal problema es que estas políticas de participación comunitaria requieren como actor necesario y central al gobierno local. Es fundamental para la articulación real, sustentable, efectiva, para que se consigan resultados. No sólo para armar la red de participación, que no se limita a una convocatoria general, es un armado en red, con vasos comunicantes, canales de ida y vuelta, disparadores, propuestas, recolección de las demandas y propuestas. Es una cosa muy dinámica y muy compleja. Necesita de mucha gente trabajando en red y cubriendo toda la población. Porque si no se hace de este modo, se volverían a repetir experiencias negativas como fueron algunos foros de la provincia de Buenos Aires o lo que eran las viejas cooperadoras policiales. Es un desafío mucho más grande.
Sin el gobierno local esto se hace cuesta arriba. Y lamentablemente el actual Gobierno de la ciudad es todo lo contrario a este tipo de propuestas. Es un gobierno de derecha que le rehúye a la participación o la disfraza de show participativo porque no tiene en mente empoderar ciudadanía, generar presupuesto participativo y profundizar la democracia. Lo que está en el fondo es su intención de generar grandes negocios, construir una ciudad para ricos y excluir al resto. Ahí hay un problema. Por eso se está tratando de articular con ONG, para ver si se puede avanzar aún en este contexto hostil, y esperando que cambie el panorama luego de las elecciones de este año en la ciudad. La única alternativa por ahora es tomar contacto directo con mediadores de la representación, como pueden ser las ONG, o directamente con los vecinos.
–Y en el resto del país tendrá que acordarlo con los gobiernos provinciales y municipales, con los cuales existen posibilidades claras de articulación. Porque, primero, el municipio es responsable de poner esfuerzo y recursos, especialmente humanos, y segundo, porque políticamente es el representante del gobierno local, el que ha elegido la gente.
–Creo que está muy bien planteado por el Ministerio y si tiene un socio local haciendo lo que debe hacer, en poco tiempo aparecerán resultados claros de aseguramiento de la zona, mejor vigilancia, prevención y anticipación a la comisión de los hechos. Una anticipación racional, que evita efectos colaterales que producen más daños que los que evita y que incluso potencia beneficios colaterales y promueve el involucramiento de los vecinos en otros temas.
Mirta Quiles
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