domingo, 31 de julio de 2011

Imágenes


De aguas y peces,
De ciudades y campos,
De guerras y soldados,
De bondades y maldades,
De padres e hijos,
De días soleados y de los otros,
De amores y odios,
De alegrías y desdichas,
De sueños y pesadillas,
De fantasías y realidades,
Solo imágenes…
Al final de este extraño viaje
Solo nos quedaran imágenes.  

toni


Somos (la búsqueda)


Los pasos lamen la arena
Caminando hacia la sombra
Que no gusta pero llega
Enérgicamente apocalíptica

Pero antes y durante
Huella tras huella,
Manos sobre manos,
Cuerpos con cuerpos,

Y sangre
Y carne
Y huesos
Y sentimientos…

Somos
Con duda o sin ella,
La búsqueda ideal
De lo humano.


Toni

sábado, 30 de julio de 2011

El atardecer aplasta
Palabras de razón
Nada mas que acción
Grita la sangre
Que no podrán silenciar jamás.

El miedo intenta cerrar la boca
Y el hambre y la sed
Y el cansancio y la resignación
Y la incertidumbre y la fe
Y el tiempo pensado vivido.

No imponerse se impone
Como un beso intimo en la oscuridad
Con risas sin ver dientes
Y milagros sin serpientes.


Toni



Improvisando

Barren los vidrios rotos
en el salón del arte
el televisor sigue apagado
la gente mira como ganado
un pañuelo gastado
absorve gotas de sangre.

Barren los vidrios rotos
en el salón del arte 
la cocina está apagada,
cuando se escuchan pavadas
salimos corriendo
para seguir viviendo.

Barren los vidrios rotos
en el salón del arte
los caballos están
demasiado altos
pero hay que bajarse igual
cueste lo que cueste.

                                                                                                                                    Toni

domingo, 24 de julio de 2011

ALBERTO SILEONI: «La educación es un bien social»

Luego de casi un mes dedicado a las negociaciones con los gremios docentes y de haber participado del comienzo de las clases del nivel primario y de la nueva secundaria en distintos distritos, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, encuentra un respiro en su agenda para reflexionar a fondo sobre los principales desafíos de su gestión: «Es la primera vez que en la Argentina se ponen metas tan altas: todos nuestros chicos en una escuela de
13 años y que además sea de calidad».
Porteño, nacido en 1952, Sileoni es abogado y profesor nacional de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Especializado en Gestión Educativa en la Universidad Nacional San Martín, recorrió un largo camino en el área pública educativa: fue encargado de Educación de Adultos en la ciudad de Buenos Aires en los tempranos 90, director del Polimodal y viceministro en la provincia de Buenos Aires en el período 1999-2003, hasta llegar a su designación a cargo de la cartera nacional en 2009, luego de dos períodos secundando a Daniel Fimus y Juan Carlos Tedesco.
–Hay una idea, sostenida por distintos especialistas, en cuanto a que la educación se encuentra en crisis permanente desde hace varias décadas. ¿Qué opina al respecto?
–Yo no concuerdo con esa idea, porque pareciera que siempre estamos en el mismo lugar. Y eso es muy nocivo para el desarrollo de la sociedad. Si yo digo que estamos siempre en el mismo lugar, que nunca hay progreso, es muy desalentador. No todo es lo mismo: cuando se inició nuestro gobierno, el PBI destinado a educación era de alrededor de 3%, y el 5% se destinaba al pago de la deuda externa. Este año se invirtió esa relación: el 6,4% es para educación y el 2% a la deuda.
–Pero hay quienes hablan de una crisis más profunda, que tiene que ver con que el modelo que dio origen a la escuela como institución típica de la modernidad, del siglo XIX, poco tiene que ver con la actualidad.
–Es cierto que la escuela se tiene que adaptar a los tiempos que corren, a los alumnos que son distintos y a los docentes que son distintos. Estamos haciendo cambios en ese sentido. Algunos más osados y otros más pequeños, y por lo tanto, más posibles. Queremos una institución que atienda más la problemática del chico, que sin dejar de exigir los pueda incluir. La idea de que «si el pibe no funciona se tiene que ir» no la suscribimos. Porque antes, cuando se sacaba al chico de la escuela, podía tener un destino. Estaba la vieja frase: «Estudiás o trabajás». Eso ya no funciona. Algunos, pocos, podrán obtener un trabajo de muy baja calidad, pero los demás se van a la esquina. Entonces es una responsabilidad del sistema educativo que se quede. Es más, puede ser que una determinada escuela no sea para ese chico, pero es el Estado el que debe tener las herramientas para al mismo tiempo ver a qué otra sí puede ir.
–¿Se alcanzó a conformar un marco legal adecuado para motorizar los cambios que el Gobierno pretende instalar?
–Hay todo un proceso legislativo para la educación que empezó ya durante la gestión de Néstor Kirchner con la ley de Financiamiento, primero, que logró llegar a la meta de destinar más del 6% del presupuesto nacional a la educación, y también la ley de Educación Técnico Profesional, que dota de un incremento de recursos sustantivos para el área. La tercera ley, la de Educación Nacional, estaba pensada para cerrar el armazón jurídico educativo que debe tener todo país.
–¿Qué objetivos se propusieron con esta nueva ley?
–Por un lado instala la idea de que la educación es un bien social y se opone a su mercantilización. También apunta a romper con la fragmentación del sistema educativo que existía hasta entonces, con una cantidad mínima de contenidos comunes para cada distrito. Pero además se plantea solucionar problemas concretos: tenemos un ingreso fuerte a la escuela secundaria pero también mucha deserción. Y en eso, como en muchas otras áreas, la capacitación docente es muy importante. En ese aspecto, la ley crea un instituto de capacitación docente, algo que antes no existía. También el profesorado de docente inicial, aumentando un año más su formación.
–Los docentes tienen muy presente el reciente experimento fallido de reforma de la década del 90. ¿Cómo hacer para que confíen en este nuevo proceso?
–Demostrando que no es como en otros momentos. Esta reforma no es un hecho aislado. La situación del país y la decisión política del gobierno apostando a la educación, son factores que le aportan sustento. No es sólo algo discursivo: se mejoraron en más del 400% los salarios en estos últimos años y no hay un solo parámetro inflacionario comparable. Es decir, hay razones como para que los docentes sean escépticos y miren de soslayo la ley, es sensato pensarlo. Pero creo que el proyecto de país es lo que ayuda a dar otras certezas.
–Uno de los avances reconocidos es la implementación de los tres años obligatorios de escuela secundaria. ¿Se tomó alguna medida concreta para asegurar esta obligatoriedad? ¿La Asignación Universal por Hijo influyó en su cumplimiento?
–Instituir por ley la obligatoriedad no garantiza la concurrencia de los chicos. Hay que tomar junto con esto otras medidas que ocurren fuera de la escuela. Y estas tienen que ver con la condición social de las familias. En ese marco, la creación de 5 millones de puestos de trabajo se podría decir, provocativamente, que es una acción «educativa». Porque si los padres tienen trabajo, los pueden sostener en el colegio. Y en esta sintonía por supuesto que la Asignación Universal por Hijo ha sido una medida que ha tenido su impacto. Es bastante visible en la sala de cinco años, pero también en la educación primaria y la secundaria.
–Un dato que surge claramente en cada relevamiento es el poco interés del estudiante secundario con respecto a los contenidos. ¿Se ha buscado mejorar en este sentido?
–Se vienen actualizando los contenidos a partir de la reforma. Pero además estamos incorporando las netbooks para todos los chicos de escuela secundaria. El año pasado se distribuyeron 400.000 unidades y este año llegaremos a dos millones. Ese es un elemento de sumo interés para los jóvenes. Ya lo vemos hoy cuando llegan, y es de su interés porque, hasta los más pobres, son verdaderos nativos digitales. Han nacido con estas tecnologías.
–¿Y cómo reciben los docentes la incorporación de tecnología?
–La experiencia es alentadora. La gran mayoría le da la bienvenida al programa Conectar Igualdad. Nos encontramos con lo siguiente: casi todos están de acuerdo; los que tienen dudas, tienen expectativas y los que se sienten afuera, piden ayuda. Entonces lo interesante es que no hay una negativa de plano sino un pedido de ayuda. Y ahí es donde tiene que aparecer el Estado, ese es nuestro trabajo con la capacitación, la distribución masiva de fascículos, que ya estamos haciendo.
–El impacto de la crisis de 2001 hizo que, por momentos, la escuela cumpla un rol muy cercano a la contención social por sobre su propia razón de ser educativa. ¿Cómo repercute esto en el nivel y en la exigencia?
–Lo primero que debo decir es que hoy el destino de la escuela no se juega en el comedor sino en el aula. Cada vez son menos los papás que mandan a los chicos sólo a comer. Y está cada vez más claro que la escuela no debe ser sólo un lugar de contención social. Porque no hay ninguna otra agencia del Estado que se dedique a la enseñanza, es indelegable esta tarea. Mientras que sí hay otras herramientas que sirven de contención. Y ahí está la tensión más grande: tenemos 11 millones de alumnos. Somos la primera generación como sociedad que se propone como meta llegar a todos nuestros chicos con la educación secundaria. Antes lo obligatorio era la primaria y los demás niveles eran selectivos. En algunos pueblos había tres o cuatro primarias y sólo una secundaria. ¿Qué pasaba con el resto de los chicos? ¿A dónde iban? Por eso nosotros combatimos a los nostálgicos que miran para atrás buscando un paraíso que no ocurrió. La escuela, si era mejor como dicen ellos, lo era para muy pocos. Nosotros ahora apuntamos a mejorar el nivel, pero también queremos que los que antes estaban afuera se incorporen al sistema. Pero esto es muy difícil, educar a los más pobres siempre va a ser un desafío mayor. Y no porque los pibes pobres tengan menos capacidades, sino porque el contexto social y económico opera como un obstáculo. Porque el chico de acá nomás, de Recoleta, nunca tiene problemas para comprar libros, o cuando empiezan los problemas rápidamente aparece el apoyo de un profesor particular. Porque además no hay que buscar la escuela de antes, porque tampoco existe la sociedad de antes.
–Uno de los temas principales de debate en la escuela actual es cómo constituir un perfil «no expulsivo», teniendo en cuenta el alto grado de deserción que usted mencionó.
–Es cierto, pero no debemos retener al chico de cualquier manera. El pibe no puede tener patente para cualquier cosa con tal de que se quede. Es más, nosotros estamos a favor de darle la palabra al chico, hay que escucharlo. Pero al mismo tiempo creemos que la escuela debe ser una institución controlada por adultos. No estamos pensando en una asamblea gobernada por docentes y alumnos. Los que gobiernan la escuela son los docentes. Pero hay que hacerlo escuchando a los chicos. Eso es lo último que hay que dejar de hacer. Por eso cambiamos el régimen de disciplina por las normas de convivencia. Porque lo disciplinario apunta sólo al alumno, en cambio la convivencia involucra a más sujetos: docentes, alumnos y demás personal. Por ejemplo: el docente tampoco puede faltar, ni hablar por celular en clase, ¡ni fumar!, que es algo que se ve habitualmente en las salas de profesores.
–Un fenómeno muy particular es la proliferación de reclamos y presión de los padres hacia el docente y, al mismo tiempo, la poca preocupación de estos por cuestiones de fondo de la educación de sus hijos. ¿Cómo lo analiza?
–Creo que se lo puede calificar como una crisis de época. A veces, así como los padres dudan del maestro, quizá la escuela tampoco les tenga confianza a ellos. Eso habría que solucionarlo. Nosotros creemos que los padres deben involucrarse más en la educación de sus hijos. Que no se envía al hijo a la escuela para sacárselo de encima. La institución construye educación, pero el primer paso es familiar. Justamente con respecto a esto hemos visto cómo la Asignación Universal, además de permitirles comprar libros o vestimenta para concurrir a clase, genera una mayor presencia de los padres en las reuniones del colegio. Ahí tenemos algo: lograr que el padre se involucre más, que pueda escuchar y también exigirle al maestro –en buenos términos, no la patoteada–, es un primer paso. Porque ahí es donde debemos crear sociedades: maestros y padres deben ser una sociedad indestructible en la educación del hijo.
–En 1964 se sancionó una ley, reglamentada 40 años después, que dispone la enseñanza del cooperativismo en las aulas de todo el país. ¿Qué importancia le asigna a la incorporación de los principios y valores del cooperativismo en los planes de estudio?
–Le encuentro mucho valor. Si bien no hay materias específicas, son preocupaciones y conocimientos que están presentes en la currícula apuntando a la formación general del chico. Apuntar a un modelo de construcción solidaria, de mirada hacia el otro, de trabajo en conjunto, es algo que debe estar presente. Porque nosotros creemos que no sólo hay que dedicarse a los saberes disciplinares sino también que debemos ser formadores de personas, en valores. Una formación que no sustituya a la familia pero sí la complemente.
–¿Cómo evalúa la situación de la universidad?
–Hemos producido un gran cambio. Los salarios docentes y no docentes han crecido casi un 500%. Hay que pensar hace cuánto que no hay un paro universitario. Más de 600 millones en obras que se traducen en varias universidades nuevas: en Tierra del Fuego, Moreno, Florencio Varela, José C. Paz, Avellaneda. Y allí van en su mayoría primeras generaciones de estudiantes universitarios. Por supuesto que debemos mejorar la calidad del conocimiento. Hace poco salió una noticia que dice que no tenemos ninguna de nuestras universidades entre los mejores 200 puestos en el mundo. Bueno, allí hay que apuntar: con investigación científica, produciendo innovación, con inversión.
–¿Qué significa que florezcan cada vez más ofertas de posgrados? ¿Una buena oferta en la materia, una menor calidad de las carreras de grado o una necesidad de autofinanciamiento por parte de las facultades, ya que los posgrados sí son pagos, a diferencia de las carreras?
–No creo que sólo tengan como objetivo la rentabilidad. Me parece que es una tendencia en todo el mundo: generar carreras más cortas con la conciencia de que no son la opción terminal del estudiante. Antes uno estudiaba una carrera y ahí se terminaba su formación. Hoy no es así, es apenas un primer escalón; se necesita especialización, maestrías, doctorados. Quizá haya alguna exageración, que a los 30 años haya pibes que ya tienen posdoctorados, pero no es demasiado grave.
–Los «bochazos» masivos, como el que sucedió recientemente en el ingreso a Medicina, en La Plata, ¿sirven como índice del nivel del colegio secundario?
–En estos hechos hay un tópico recurrente. Son los primeros exámenes a los cuales los pibes van sin preparación, para ver qué pasa. Luego, cuando hacen los cursos de ingreso, se producen aplazos, pero nunca en esa proporción. Y, por otro lado, hay facultades, como Medicina, Ingeniería o Física, que no tendrían posibilidades de inscribir al ciento por ciento de los que se presentan, porque necesitan laboratorios y distintas estructuras que van más allá de un aula. Pero en esto también estamos trabajando con programas de articulación entre la educación media y la universitaria. Estamos buscando una posición más generosa, porque antes un nivel le echaba
la culpa al otro y no se hacía cargo.
Hoy la universidad ha entendido que los problemas son de todo el sistema educativo, es algo integral. De hecho, una gran cantidad de profesores del nuevo secundario son producto de la universidad.
–Otro tema de debate es el aporte de subsidios y subvenciones a las escuelas privadas. Hay quienes opinan que no corresponde. ¿El Ministerio tiene una posición tomada con respecto a este tema?
–En principio creemos que toda la educación es pública, con escuelas de gestión estatal y de gestión privada. Es cierto que hay una parte de la educación privada exclusiva, para sólo una parte de la sociedad. Pero también hay otras instituciones, que pueden ser confesionales o laicas, que están insertas en barriadas pobres, que hacen un gran trabajo que no necesariamente tiene que ver con el lucro. Nosotros no influimos directamente en el tema, depende más de cada provincia, pero sí es cierto que tenemos un fondo de incentivo docente que va destinado a estas escuelas, en proporción, dependiendo del nivel de subsidio estatal. Creo que las instituciones que tienen un objetivo definidamente de lucro no deberían cobrarlo. Las provincias deberían administrarlo bien y el Estado debería centrar sus esfuerzos en las de gestión estatal, porque allí sí la inversión está dirigida al pleno de la sociedad.

Pablo Tassart

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA VERSUS MANO DURA


Modelos en pugna

Durante el mes de abril, a partir de la decisión de la ministra de Seguridad Nilda Garré de terminar con los servicios adicionales que la policía federal prestaba en la ciudad de Buenos Aires, se reinstaló con fuerza una discusión política en torno a una problemática de indudable interés social: la inseguridad.

En ese marco, recobraron aliento las voces que reclaman mano dura contra el delito, en primer término el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien creó la Policía Metropolitana que ostenta un primer jefe, Jorge El Fino Palacios, preso, y su sucesor Osvaldo Chamorro, procesado, además de una ineficiencia aceptada por los propios funcionarios de la ciudad que aseguran que no puede hacerse cargo siquiera de la seguridad en los hospitales. El líder de Pro acusó al kirchnerismo de impulsar «un alud anárquico» sobre Buenos Aires. Con alta dosis de hipocresía, son los mismos sectores que apoyaron y/o impulsaron las políticas neoliberales que dieron forma al panorama de exclusión de millones de argentinos, caldo de cultivo de una mayor violencia y conflictividad social, quienes reclaman represión contra sus víctimas. La indiscutible relación entre marginación y aumento del delito no hace mella en el discurso manodurista. Por el contrario, redoblan esfuerzos en su nostálgico intento de volver a los 90. Al punto que varios de los máximos exponentes argentinos de la nostalgia «noventista» fueron anfitriones de un encuentro internacional patrocinado por la Asociación Mont Pelerin, usina de pensamiento derechista, fundada por el economista Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía, conocido como «el padre del liberalismo», cuyas teorías «inspiraron» las políticas económicas de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, entre otros. En dicho encuentro se defendieron aquellas políticas económicas aplicadas en buena parte del mundo, y en el caso de nuestro país, «sin anestesia», que dejaron como secuela una profunda desigualdad social, amplias capas de la población condenadas a la marginación y la pobreza y, en ese marco, como no podía ser de otro modo, creció el delito y la delincuencia.
Violencia en pantalla

El reduccionismo analítico del tema de la inseguridad entendido sólo como un problema policial que prima en los medios de comunicación, mucho tiene que ver con la instalación del miedo social. Las poderosas empresas mediáticas, coaligadas en las últimas décadas con megacorporaciones económicas, inciden en la opinión pública a favor del consenso hacia las políticas represivas. En La batalla de la comunicación, el periodista e investigador Luis Lazzaro sostiene que «a partir de los procesos de concentración y articulación del dispositivo multimedia, la violencia y el crimen dejaron de ser unidades de información aisladas dentro de múltiples focos de atención periodística para convertirse en el eje principal del discurso audiovisual». El investigador vincula la acción mediática intencionada con el perfil de individuo que el sistema neoliberal necesita. «El ciudadano en peligro resulta entonces una construcción de época en la que conviven la ausencia de protección social y la intimidación de los medios. Representa no sólo al consumidor
individualizado que no puede cambiar de canal por la fascinación del terror, sino también una categoría política que fortalece la capacidad de intervención de las corporaciones de medios
en la disputa por mayores espacios de poder».
De igual modo, no pueden ser soslayados en el análisis de la inseguridad, los nuevos negocios que abre la instalación del miedo social. Así, el mercado de la seguridad privada registra un crecimiento explosivo en las últimas décadas. Las despiadadas reglas del libre mercado aplicadas a la seguridad pueden ser muy peligrosas. ¿De qué modo compiten las agencias privadas entre sí? ¿Cómo operan estos cuerpos armados para ganar espacios de mercado? Un estudio difundido por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia revela que sin un estricto control estatal sobre estas agencias, «es muy probable que la ecuación “más seguridad privada y mayor rentabilidad privada, es igual a peor seguridad pública”, no varíe por muchos años».
Otro aspecto fundamental es el virtual autogobierno de las fuerzas policiales, que explica en buena medida la creación de estructuras cuasi mafiosas que no sólo no combaten el delito, sino que participan activamente en distintos negocios ilegales. Además, aún están a la vista las huellas que dejó impresas en las estructuras policiales la colaboración que prestaron a la represión ilegal durante la dictadura.
Tampoco puede dejarse de lado en una mirada integral de la problemática de la seguridad a la justicia, sobre todo porque perviven en el interior del poder judicial numerosos jueces de oscura participación durante los gobiernos de facto y que ya en democracia obstaculizan los procesos contra represores y genocidas. En tal sentido el Consejo de la Magistratura creó una comisión destinada a seguir las causas por posible complicidad de jueces y personal judicial con el terrorismo de Estado. Según informó el matutino Página/12, se tramitan más de 20 juicios políticos en todo el país por este tipo de causas, y en varios casos se trata de camaristas. Desarmar esta red de jueces comprometidos con la represión ilegal resulta indispensable para garantizar un real sentido de justicia para todos los argentinos.
En una nota publicada en el blog de la Comisión Provincial por la Memoria, su secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, asegura que «las policías y la justicia están direccionadas al control social de los empobrecidos por el sistema y no a investigar y sancionar las redes delictivas complejas que son las que reclutan y utilizan la pobreza que generaron las políticas neoliberales».
Acuerdo

El Gobierno Nacional cambió su política de seguridad desde la creación del ministerio a cargo de Nilda Garré. La ministra ejecutó un conjunto de medidas que en buena medida sintonizan con el Acuerdo de Seguridad Democrática, espacio nacido hace poco más de un año y medio, integrado por un centenar de organizaciones –universidades, organismos defensores de derechos humanos, académicos, especialistas en seguridad– de la sociedad civil, y al que adhirieron dirigentes políticos del oficialismo y la oposición. En abril, además de los múltiples desplazamientos de comisarios de la Federal, la ministra puso en marcha el Plan de Participación Comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. Garré sostuvo que «la reapropiación del espacio público por las organizaciones, de la comunidad, la marcha sostenida del proceso de inclusión social, económica, laboral y cultural, respaldados con acciones de gobierno cotidianas, son indispensables para el desarrollo de una política de seguridad democrática».
La agenda

El Acuerdo de Seguridad Democrática da cuenta de un cambio en la concientización social acerca de la necesidad de nuevas formas de abordaje de la inseguridad. El manodurismo, además de sus rasgos autoritarios y represivos, ya demostró ser ineficaz para dar tranquilidad a la población. Sobran los ejemplos en tal sentido, pero quizás el más paradigmático sea el de la provincia de Buenos Aires. Durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf se dio el máximo poder a «la mejor policía del mundo» y lejos estuvieron de resolver el problema de la inseguridad. Incluso, el actual gobernador Daniel Scioli, que en líneas generales continuó la premisa de dejar el problema exclusivamente en manos de la policía y mantuvo en este aspecto uno de los principales puntos de conflicto dentro del kirchnerismo, comenzó a dar algunas señales, superficiales por cierto, de adecuación a algunos de los ejes marcados por el Gobierno Nacional.
El cambio que quizás esté comenzando se plasma en una imagen registrada en un seminario internacional organizado por el Acuerdo con el auspicio de la Oficina Regional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Allí, en la mesa de referentes políticos participaron los diputados Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), Mónica Fein (Socialista), María Luisa Storani (UCR), Felipe Solá (PJ Federal) y Horacio Alcuaz (GEN), y el legislador bonaerense Fernando Navarro (Frente para la Victoria), todos firmantes del acuerdo. Más allá de los matices, coincidieron en la condena a la mano dura y la instalación del miedo, así como en la necesidad de alcanzar acuerdos en torno a políticas democráticas de seguridad. La ministra Garré, quien clausuró el encuentro, destacó el consenso alcanzado en el marco del Acuerdo, y concluyó: «Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que llevan a más inseguridad y en el pasado condujeron al terrorismo de Estado».

Jorge Vilas

CAROLINA SCOTTO: Volver a pensar

El despacho de Carolina Scotto huele a pintura fresca. Una escalera amplia primero y un largo pasillo después, de paredes recién pintadas y marcos cubiertos con papel de diario, conduce desde la planta baja del Pabellón Argentina de la ciudad universitaria cordobesa hasta ese lugar amplio y silencioso, con grandes ventanales por los que entra el sol tibio del otoño. El rectorado está en obra, y en la alteración que los arreglos han impuesto a la vida cotidiana de la universidad se adivina, sin embargo, cierto orden. Entre las pilas de libros que ocupan las mesas y los rincones, Scotto, doctora en Filosofía, reelecta el año pasado para conducir la Universidad de Córdoba con un amplio consenso –188 votos a favor y 30 en blanco, y el apoyo de todas las facultades– ejerce su cargo de rectora y su profesión de filósofa. Pensar forma parte, sin dudas, de ambas tareas.
El lugar que ocupa desde 2007, tiene una larga historia y un fuerte valor simbólico. De hecho, la Universidad de Córdoba, la más antigua del país, tiene casi el doble de edad que la patria: cumplirá 400 años en 2013 –nació bajo la tutela de los jesuitas en el siglo XVI–, y en esos cuatro siglos sus claustros han sido escenario de hechos decisivos de la historia argentina, como la Reforma Universitaria de 1918 y el Cordobazo.
Como los albañiles y pintores que están renovando el edificio, Carolina Scotto parece haber llegado hasta allí, después de un largo camino académico y personal, para cambiar algunas cosas. Para empezar, y como se ha señalado en infinidad de ocasiones, es la primera mujer que ocupa ese cargo. Para seguir, viene de una disciplina que no es, precisamente, de las más acostumbradas a proveer de cuadros políticos y dirigenciales. En ciertos ámbitos de poder, doctor es sinónimo de abogado. Ella, en cambio, se doctoró en Filosofía.
La dictadura militar la sorprendió en medio de sus estudios y la llevó a refugiarse en la vida doméstica. Tuvo, entonces, muy joven, tres hijos, y terminó su carrera de grado mientras criaba a sus niños, trabajaba y daba clases. Por eso sabe de qué habla cuando se refiere a las dificultades adicionales que suelen enfrentar las mujeres a la hora de construir una carrera académica. La universidad, dice, «es una institución que todavía discrimina. En esta universidad hemos hecho el primer gran estudio, para conocer cuál es la posición de las mujeres trabajadoras, empleadas y profesoras, y de las mujeres estudiantes respecto de sus derechos y sus perspectivas. Y nos hemos encontrado que esta es una institución que sigue haciendo diferencias de género que no se justifican de ninguna manera. Por ejemplo, a igualdad de méritos académicos, son muchos más los varones que las mujeres que están al frente de proyectos de investigación. A su vez, las mujeres dicen haber tenido la disyuntiva, en algún momento, de continuar acrecentando su familia o bien dedicarse a la carrera. En algunos casos nos encontramos con colegas que expresamente confiesan haber decidido no formar una familia o no tener hijos». Entre otras cosas, en la Universidad de Córdoba se ha ampliado la duración de la licencia por maternidad y se ha extendido este derecho a las becarias. «La doble responsabilidad que yo tenía –dice Scotto–, no era sólo cumplir con todos los compromisos contraídos públicamente para conducir esta universidad, sino también mostrar que una mujer podía hacerlo».
–¿Ser mujer y ser filósofa es una condición doblemente desventajosa?
–En casi todas las instituciones más consolidadas en nuestros países –las universidades lo son–, ciertas profesiones y la condición de mujer no han estado justamente en el centro de las decisiones, ni a cargo de puestos importantes y menos en la conducción máxima de gobierno. También creo que viene ocurriendo un proceso muy interesante y sostenido en el tiempo de feminización en casi todas las esferas públicas que es muy notable en el caso de las universidades latinoamericanas. Y eso se evidencia en que carreras históricamente masculinas se han ido feminizando mucho más. Y eso tiene que cristalizar finalmente en lo que yo creo que es un proceso irreversible. Con respecto a carreras como la mía, efectivamente no han gozado de los mejores presupuestos, de matrículas masivas ni de los mejores salarios para quienes egresan de allí, al contrario. En general, las carreras profesionalistas han sido las que generan más expectativa social en los jóvenes que las eligen masivamente, aspirando a puestos de mayor remuneración. No hay filósofos por todos lados ocupando puestos de responsabilidad…
–¿Eso está cambiando?
–Sí, es un error que se va a ir corrigiendo. Cada vez más, nuestros jóvenes pueden elegir una carrera con libertad y menos influidos por prejuicios o representaciones sociales favorables sólo a ciertas carreras. Eso se ve también en la reducción de las matrículas. En las carreras no tradicionales se están inscribiendo más estudiantes...
–¿Cuáles?
–Por ejemplo, en las carreras de Humanidades. No obstante, en este tema particular de la composición de la matrícula universitaria hay mucho que hacer. Yo personalmente no creo que haya que dejar libradas a la evolución de factores culturales complejos las demandas de formación. Hay que estimular la matrícula en carreras en las que tenemos pocos alumnos y pocos graduados y que son muy demandadas en el mercado laboral por distintos sectores. El país necesita profesionales en esas áreas, y por razones que también tienen que ver con prejuicios culturales o con malas épocas para esas profesiones, cuesta mucho conseguir...
–¿Por ejemplo?
–Ingeniería, las ciencias aplicadas en general.
–¿Y a qué se debe la falta de matrícula en estas disciplinas?
–En cierto momento, con la disolución de las fuerzas productivas y del aparato productivo del Estado, y con el apogeo del neoliberalismo, cierta mano de obra empezó a resultar poco necesaria. Pero también, seguramente, tiene que ver con algunas dificultades en la calidad de la enseñanza media para dotarlos de las herramientas apropiadas para cursar estas carreras con éxito. En fin, esos problemas complejos, me parece que la universidad argentina ha empezado a discutirlos y creo que los estamos encarando con más decisión y también con menos prejuicios.
–En un artículo sobre la Reforma Universitaria usted decía que la universidad tenía que recuperar su misión en la sociedad. ¿Cuál es hoy esa misión?
–Creo que la gran misión de las universidades es hacer una contribución específica a la transformación de la sociedad misma, en el sentido de acercar instrumentos para el desarrollo social equitativo. Este es nuestro máximo compromiso. Para eso, lo que nosotros hacemos en las universidades es construir conocimiento. De lo que se trata es de acercar ese conocimiento no sólo a las nuevas generaciones para que continúen esta tarea, sino acercarlo de forma directa a la comunidad desde el momento en que esta lo necesite.
–¿De qué manera?
–Tenemos tres grandes misiones: la enseñanza, la investigación y la extensión. Y en las tres está la mirada hacia el fin social. Normalmente decimos que la extensión es el modo específico a través del cual las universidades aportan su conocimiento, su capital, sus recursos, su experiencia, su equipamiento y su infraestructura para el mejor diagnóstico y, eventualmente, la solución de los problemas de la comunidad. Pero en realidad, a los problemas de la comunidad apuntamos en todas las dimensiones. Debemos también investigar los temas sobre los cuales todavía no tenemos estrategias o herramientas para resolver mejor. Lo sustantivo de la actividad universitaria, nuestro norte, es la comunidad en la que estamos. No sólo la presente, sino también la comunidad futura. Los conocimientos pueden no tener aplicación inmediata y hay conocimiento que se construye sin tener la menor idea de para qué será útil. Y eso sólo lo desarrollan las universidades. En particular, son las universidades públicas las que están poniendo el peso presupuestario en el conocimiento científico básico o más abstracto y más teórico que todavía no sabemos para qué nos servirá.
–En la década del 90, la universidad también se volcó hacia la sociedad, pero una sociedad entendida en términos de mercado. Y estuvo cada vez más orientada a responder directamente a las demandas del capital, tanto en los contenidos como en el perfil de las carreras, y también en materia de investigación. ¿Cómo se define, entonces, a qué comunidad debe abrirse la universidad y cuáles son sus necesidades?
–La comunidad somos todos y la integran distintos tipos de organizaciones, como el sector público, el sector privado, el sector educativo, las organizaciones no gubernamentales y demás. Pero el diagnóstico de cuáles son los problemas y la decisión acerca de cuáles van a ser las políticas públicas que serán necesarias para nuestra comunidad en un momento dado y particular tiene que ser realizado por los mecanismos democráticos que conocemos, a través de los órganos que conocemos, y de eso la universidad tiene que formar parte. Creo también que el sector privado debe insertarse en ese marco en forma adecuada.
–Pero hay distintas formas de aportar al sector privado. Una, la que caracterizó a la universidad neoliberal, es casi una subordinación…
–En todos estos años intentamos despegar a las universidades públicas, y en general al Estado, del neoliberalismo feroz de los años 90. Y en la universidad pública se ha vuelto a desarrollar una vigorosa sensibilidad en contra de la imposición de los intereses corporativos de distintos sectores sobre nuestras agendas e, incluso, sobre nuestros recursos. Durante la etapa neoliberal, toda la actividad de extensión se tenía que orientar a aquellas acciones que pudieran permitirle a la universidad tener recursos para hacer lo que le es propio. Porque ni siquiera podíamos cumplir nuestra misión esencial. No teníamos manera de financiar los posgrados, no teníamos manera de financiar la formación de grado, no teníamos manera de crecer innovando en nuestras propias ofertas de promoción. Pero todo esto se ha ido revirtiendo. Sin duda, acompañado también por las políticas de recuperación presupuestaria sostenida que hemos tenido estos años. Esto ha ayudado a fortalecer nuevamente la autonomía frente a la entrega de la universidad a los intereses corporativos.
–¿Hay una relación entre los cambios positivos que está viviendo la universidad con los procesos políticos que está viviendo la Argentina y algunos países de América latina?
–Sí, creo que hay una decisión sostenida, como política de Estado, de fortalecer el sistema educativo público y, en particular, privilegiar a la universidad pública, no sólo con políticas de recuperación presupuestaria sostenida, sino además referenciando a las universidades como el ámbito privilegiado de consulta del Estado.
–¿Esto antes no era así?
–Antes era todo lo contrario. Era el sector privado aquel a quien debía consultar el Estado. Las consultoras privadas eran las fuentes; los insumos básicos de los gobiernos neoliberales. Ahora somos las universidades las proveedoras de los insumos básicos. Y es natural que así sea. El Estado está financiando a las universidades, les está diciendo «investiguen libremente», corresponde que les diga «explíqueme cómo hago esto» o «estudie este problema» o «constrúyame indicadores para evaluar esta situación» o «diséñeme una solución para este problema». Es lógico, pero sólo ahora parece lógico. Antes habíamos llegado a acostumbrarnos a que entre el Estado y nosotros no hubiera ninguna relación importante, a estar en una especie de limbo dependiente de que el mercado nos prestara alguna atención, y además esforzándonos por mostrar a la opinión pública que éramos eficientes, que usábamos bien el presupuesto.
–¿Los años 90 representaron un retroceso con respecto a ciertos principios de la Reforma Universitaria?
–En todo sentido. También con respecto al concepto mismo de educación pública como un bien público, como un bien social y como un derecho humano básico que tienen los ciudadanos de nuestro país y que debe estar financiado por el Estado, porque deja de ser un derecho cuando pasa a ser solamente una opción para quien pueda pagarse sus estudios y que, entonces, pasa a depender sólo de sus propios recursos, gustos o intereses personales o de clase.
–¿Cómo ve la capacidad crítica en la universidad? ¿Disminuyó también a partir de las políticas neoliberales? ¿Y de qué manera se vio influida por eso que se llama la burocratización del conocimiento, los mecanismos de evaluación y de acreditación?
–Creo que en general los estigmas ideológicos de época impactan muchísimo en nuestras vidas. Efectivamente, el potencial crítico en la universidad en los años 90, como mínimo, se adormeció. Muchos intelectuales se resignaron a que la vida intelectual no pasaba por la universidad, que apenas se podía sobrevivir en ella. Había un clima poco estimulante para la condición intelectual, artística, autónoma, independiente. En la universidad no hay mecanismos directos de censura. Lo que sí hay es un enorme caudal de producción crítica adormecida y escondida. Hay mucha producción crítica, mucho saber útil cuya sola discusión generaría un enorme impacto social en temas políticos, en temas ideológicos, en temas sociales, en temas legales, pero las universidades todavía no le están dando la suficiente importancia a que ese conocimiento se conozca. Por otra parte, es verdad que los sistemas de evaluación de la actividad y de la producción académica se han hecho muy complicados y muy burocratizados. Eso ha obligado a los profesores a dedicar una enorme cantidad de tiempo a tareas que, por un lado, tienen la ventaja de estandarizar un poco la producción y la hacen comparable, pero, por otro lado, pueden llegar a volverse excesivas hasta el punto de que, como ocurre en algunos casos, no tenga el menor sentido la calidad de lo que se hace sino sólo la cantidad. Esto me parece una especie de desquicio, una pérdida de recursos y, sobre todo, una pérdida del precioso tiempo intelectual de nuestros investigadores.
–Durante el debate que se dio a raíz de la visita de Mario Vargas Llosa a la Argentina, muchos académicos e intelectuales salieron a hablar públicamente sobre temas que no suelen ocupar el interés de los medios. ¿Cómo vio esa discusión?
–A mí me entusiasma que haya interés en ir más allá del estrecho límite de la propia profesión y del ámbito de trabajo, para salir a la arena pública a debatir. Me parece que las cosas que se han dicho en torno a la visita de Vargas Llosa han sido bien interesantes. Y por supuesto, todas han excedido a Vargas Llosa. Me parece extraordinariamente positivo que nos atrevamos cada vez más a arriesgar nuestra opinión en el terreno público. Porque hacemos una gran contribución que, además, creo que es obligatoria. Tenemos que salir a opinar, a formar una conciencia colectiva más crítica. No son temas que debiéramos dejar en el café, en el paper o en la discusión de pasillo en la universidad. A su vez, deberíamos ponernos un poco menos nerviosos por las discrepancias y más bien excitados por el estímulo que provoca que haya otro que piense distinto y que se produzcan estos acontecimientos que agitan la vida pública.

Marina Garber