¿Sólo los pobres miran televisión?

Los pibes que andan por la calle y los jóvenes que pueblan las cárceles tienen en común no sólo su procedencia de hogares llamados pobres sino familias fracturadas. Muchos de ellos, por ejemplo, no conocieron a sus padres biológicos. La mayoría de la sociedad se refiere a “la familia” como una categoría que no requiere mayores explicaciones. Para esos pibes marginados o marginales, muchas veces “la ranchada” ocupa el lugar de la contención y la pertenencia básica. El concepto surge de aquella ranchada carcelaria, de jerarquía de ladrones en serio, o que al menos en la mitología popular los ladrones de antes “tenían códigos”. Pero las actuales variantes de ranchadas van desde los miles que viven en las calles de las grandes urbes hasta los pibes que se juntan a tomar cerveza y compartir porros en las esquinas, cuyos estímulos básicos pasan más por la identidad futbolera y musical. No es peyorativo. Es descriptivo. Pero ninguna descripción es neutral. Tampoco la de este cronista, cuyos gustos en materia deportiva o cultural podrían ser exhibidos para ser diseccionados a la vista crítica de cualquier curioso que no sea complaciente con mis propios estándares o deseos personalísimos. Poniendo un poco más de vinagre en esta ensalada podría decirse, al menos en el caso argentino, lo siguiente: hace dos décadas, un grupo de políticos y empresarios, constituidos como clase dirigente, con legitimidad constitucional, mandaron al tacho a tres de cada diez ciudadanos. Los expulsaron del sistema laboral y redujeron todos los mecanismos de educación, salud y seguridad para que esas personas se las arreglaran en ghettos, ya sea villas miseria o mutando de lugar y de identidad de modo brutal. Diez años después, tratando de reconstruir redes sociales, esas mismas personas o sus hijos son invitados a ser incluidos. Acá se podrían decir dos cosas: que esa inclusión es la oferta de volver al sistema que antes los echó o que es una invitación a ser parte de una trama colectiva que respeta sus derechos. Las dos cosas son ciertas, porque las empresas, para ganar dinero, necesitan mano de obra calificada y disciplinada. La creación de algunos millones de puestos de trabajo (las estadísticas dicen entre cuatro y cinco) revela que la gran mayoría de los humillados obreros dejaron de lado su angustia y se pusieron la camiseta. Sabiendo, desde ya, que el patrón se lleva la parte del león. Pero hay una parte de la sociedad a la que no le llegó esa invitación o, dicho de otro modo, hay una cantidad de gente, sobre todo joven, cuya identidad no se construye a partir de aceptar que el esfuerzo, el sacrificio diario, es la base de la felicidad. Muchos pueden creer que viajar en tren tres horas diarias para ir al laburo es para los giles. Además, no se reconocen en el trabajo como un lugar de pertenencia. Recordemos que un porcentaje importante (no menos de tres de cada diez) están sin registrar, y que otra parte de ellos están registrados pero tienen que bajar la cabeza y cobrar una parte en negro. En fin, el mundo del trabajo en el capitalismo no es un jardín de infantes. Hace ya cuatro décadas, en los cines de la avenida Corrientes, muchos jóvenes veían películas como La clase obrera va al paraíso, donde la famosa alienación del sistema podía verse en clave de comedia. En el film, Gian Maria Volonté interpretaba a Lulú, un operario entregado a su labor de poner tuercas en tornillos que se daba ánimo diciendo “un pezzo un culo, un pezzo un culo”. Hasta que Lulú pierde un dedo y se vuelve el más combativo. Elio Petri, el director, no concede nada, porque los propios militantes miran al pobre Lulú como un tipo ajeno a ese mundo de iniciados. Volviendo a los pobres, no hay dudas de que entre el discurso de los políticos progresistas y populares y los intereses concretos de los empresarios hay una distancia considerable. No es que unos y otros no sepan que juegan juegos distintos. En la actual mirada, la del kirchnerismo, los planes sociales, especialmente los de tipo universal como la Asignación Universal por Hijo, son una malla de contención y un estímulo a la movilidad social ascendente. A los empresarios, básicamente, les interesa mantener la rentabilidad. Aunque se quejan de los aportes a la seguridad social, de los impuestos, de la falta de créditos y también de los ajustes salariales, podría decirse que se bancan esta etapa de la Argentina. Pese a que no es lo mismo un tallerista de veinte obreros que una multinacional, tampoco hay que pensar al empresariado argentino como parte sustantiva de un cambio a largo plazo. Por el contrario, la gran mayoría de los empresarios usan la táctica del Mostaza Merlo, paso a paso. El largo plazo, en su filosofía, es para los ingenuos. Y allí hay una buena parte del refugio en el dólar y una gran dosis de pragmatismo político de subirse al caballo ganador. No podría decirse que los empresarios que hacen giras oficiales lo hagan por haber avanzado en la competitividad o por haber invertido a largo plazo. Más de uno, en voz baja, cuenta que de esa manera arreglan para poder incrementar sus importaciones, con fórmulas que sólo entiende algún secretario de Estado que los invita a giras oficiales. Esto no es ajeno a hablar de la pobreza. Es un poco frustrante que muchas madres no vayan a la oficina de la Anses a tramitar la Asignación por Hijo y que tengan que ir los funcionarios del programa hasta su casa. Pero si hay imperfecciones en los sectores excluidos, también las hay entre los que les ofrecen incluirlos. Y ventilar las realidades suele ayudar a combatir un poco la hipocresía. Es cierto que la Argentina hace una inversión en planes sociales muy alta y que la mayoría no se rigen por criterios clientelares. Pero también es cierto que si ya no va a haber trabajo para todos y todas, como lo indican las tendencias mundiales tanto por la crisis financiera como por los nuevos paradigmas de productividad en base a paquetes tecnológicos que reemplazan a las personas, eso requiere más y mejores debates. Porque con esos planes sociales no se puede parar la olla ni conformar una identidad donde los excluidos se den por bien incluidos. Los niveles de desigualdad social y económica en los que vivimos son tan altos, que debería haber antropólogos no sólo para husmear en la diversidad cultural de los pobres. Es cierto que esos estudios a veces sirven para los programas de ayuda social. También debería haber investigadores sociales que puedan indagar por qué los ricos son tan apegados a sus propiedades y a sus privilegios. Así se podría establecer un sistema impositivo que los contemple. Para incluirlos, pero incluirlos a los hábitos de los comunes. Hace poco, Barack Obama fichó para su gabinete a una joven economista francesa que hizo una carrera brillante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Esther Duflo, la mujer en cuestión, no se dedica a informática ni a nanotecnología, sino a estudiar la pobreza. Parece que su gran prestigio deviene de caminos un poco más prácticos que las donaciones de las fundaciones de los multimillonarios. En cambio de darles unos millones a una líder –real o virtual– para que ella administre, la economista Esther Duflo propone algo más sensato, como por ejemplo entender que muchas veces, para que la gente se vacune, no alcanza con ofrecer un kilo de lentejas en el puesto sanitario sino que es preciso ir al lugar donde viven los pobres. La joven Duflo parece más desenvuelta y menos prejuiciosa que los presidentes de las fundaciones de los bancos que últimamente están perdiendo imagen. Para avanzar en resultados concretos, entre los estudios de los equipos del laboratorio que dirige en el MIT, formulan preguntas de aspecto desprejuiciado como “¿por qué un pobre prefiere comprarse un plasma en cambio de leche y carne para todo el mes?”. Si este molesto cronista pudiera hacer un estudio, le preguntaría a la nueva asesora del señor Obama si sus padres o ella misma no compran plasmas para ver televisión. Claro, cuando los incluidos ven televisión hacen lo que les gusta. Los pobres, parece, deben estar en observación.

Crónica violenta

Lejos de aminorarse, el fenómeno de la violencia en el fútbol continúa con su escalada de amedrentamientos, extorsiones y negocios protagonizados por las denominadas barras bravas, junto con la falta de respuestas efectivas de los organismos de seguridad y gran parte de la dirigencia deportiva a fin de combatir un problema que erosiona el deporte más popular. El comienzo del año deparó diversos hechos de violencia que involucraron todas las categorías del fútbol argentino, desde la Primera División hasta las divisionales del ascenso; estas últimas, territorios hostiles donde asiduamente la violencia configura la norma y no la excepción. La lista incluye incidentes en los clásicos estivales jugados entre Rosario Central y Newell’s, y los Boca-River, signados por la encarnizada disputa entre los dos sectores que dirimen a sangre y fuego el poder de «La 12»: la llamada barra oficial, liderada por Mauro Martín, y el sector que responde a Rafael Di Zeo, ambos imputados en distintas causas penales durante el último tiempo. Se añaden, ya con el Torneo Final en marcha, los disturbios en Unión-Quilmes y las sangrientsa internas entre facciones de la barra de Tigre y Gimnasia. La delicada situación, que ya en 2012 dejó víctimas fatales e innumerables desmanes, revela la gravedad de un problema endémico que anuncia nuevos capítulos similares de no mediar acciones concretas para abordarlo con responsabilidad, sin demagogia, superando las iniciativas meramente coyunturales. La fuerte señal emitida por la comisión directiva de Independiente, presidida por Javier Cantero, resultó una noticia alentadora teniendo en cuenta que, después de mucho tiempo, una dirigencia se mostró decidida a erradicar a los violentos del club. Sin embargo, y más allá del apoyo recibido durante el momento de mayor tensión con la barra brava, sus pares de otras entidades no acompañaron como se esperaba la cruzada de Independiente. Por temores a represalias o por fluidos lazos con los violentos en virtud de trasfondos políticos, lo cierto es que la dirigencia deportiva hoy no se revela comprometida con atacar de raíz las causas del problema. Más aún: algunas siguen entregando todo tipo de prebendas a las barras (entradas de favor, micros para viajes, habilitación de espacios para tramar negocios), en tanto varios clubes tampoco aplican el derecho de admisión, un requisito indispensable. Tampoco los diversos organismos de control del Estado, desde el extinto Comité Provincial de Seguridad Deportiva de la Provincia de Buenos Aires (COPROSEDE) hasta la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) y otros actores, lograron dar respuesta al fenómeno. La propia policía, independientemente de sus juridicciones, ha sido foco de cuestionamientos no sólo por su rol pasivo frente a conflictos dentro y fuera del estadio, sino también por su complicidad con los violentos. El panorama, como se advierte, presenta complejidades y numerosas aristas a atender, algo que desestimaría una solución a corto plazo. Por un lado, porque se trata de un problema histórico del fútbol argentino, que abarca estamentos políticos y deportivos, muchos de los cuales alentaron la creación y consolidación de las barras bravas, hoy verdaderas organizaciones delictivas. Por otro, debido a que de cara a la finalización de la temporada regular suelen aumentar las presiones, los intereses en pugna de los actores involucrados, conforme se definen los campeones y –sobre todo– los descensos de categoría. Abundan, por tanto, las tareas por delante. Un dato a tener en cuenta remite a que varios barras implicados en hechos de violencia irán a juicio este año; entre ellos, integrantes de las dos barras bravas más fuertes que crecieron exponencialmente: «Los borrachos del tablón» y «La 12». Pero, además de este hecho que podría abortar prácticas de impunidad, a la dirigencia deportiva le caben como tarea prioritaria no pocos desafíos: cortar con los favores a los violentos, desplegar activas políticas de prevención –con eje en la educación– y consensuar una posición firme con sus colegas de otros clubes y con los diversos organismos de seguridad, a fin de terminar –de una vez por todas– con un problema social persistente. PABLO PROVITILO - PERIODISTA

La noticia que no leímos

Un siglo atrás, en 1924, el paraje de Napalpí en el Chaco fue el escenario de una masacre: dos centenares de habitantes originarios fueron asesinados por las fuerzas policiales. Apelando al absurdo recurso del peligro malonero, la matanza ocultaba en realidad fuertes intereses económicos: la necesidad de ocupar las tierras de las comunidades, la pérdida de ganancia con los cultivos de algodón y el consiguiente desplazamiento de los aborígenes como mano de obra barata a otras regiones. Había que terminar con el “problema indígena”, y desde el discurso civilizatorio y progresista, la respuesta elegida fue el aniquilamiento. El exterminio. Crímenes en sangre, el libro de Pedro Jorge Solans recientemente editado en la colección Sudestada de bolsillo, da cuenta en detalle de un episodio que dejó una profunda huella en la identidad de un país. Hoy, casi cien años más tarde, la realidad de los pueblos originarios en Chaco y Formosa difiere en algunos aspectos, pero también está marcada por la exclusión, el hambre, la discriminación y el racismo. La amenaza es concreta: sólo en enero pasado, la comunidad qom en el noreste argentino perdió trágicamente a dos de sus miembros en condiciones sospechosas. Las víctimas fueron pibes de 12 y 16 años, víctimas de un odio que emerge ante la pasividad de quienes priorizan el bienestar de los empresarios por encima de la vida de sus vecinos. Ya en diciembre de 2012, Celestina Jara y su nieta de 11 meses murieron después de ser atropelladas por un gendarme, que no se preocupó por asistirlas. Detrás de una creciente hostilidad, detrás de la ambición de nuevos latifundistas, de tanta amenaza y tanta indiferencia de parte de las autoridades, otra vez se vislumbra la trama económica: todas las víctimas vivían en una zona que se ha convertido, en los últimos años, en un jugoso botín para algunos pocos que caminan sobre alfombra roja en los despachos provinciales. Las comunidades qom son un molesto obstáculo para la expansión de los negocios de terratenientes y comerciantes vinculados con el agronegocio. La participación directa de agentes de seguridad, o bien la respuesta represiva con gendarmes, confirman que el rol que hoy desempeña el Estado, en sus distintos niveles, va más allá de la mera complicidad. Aquí se trata de sembrar el miedo y el odio al mismo tiempo, de apelar al desmonte y a los incendios provocados, de ignorar al chagas y al cólera que hacen estragos (pero en silencio), de enquistar el analfabetismo y la desnutrición, de demonizar a los marginados del sistema, de aprovechar para limpiar el terreno y hacer negocios con las tierras de las comunidades, de abrir la puerta al paso firme de las mafias sojeras. Aquí se trata, también, de imponer en la agenda mediática de la prensa orgánica otras cuestiones de relativa importancia, mientras en las entrañas del país se desangra una cultura y un pueblo. Aquí se trata de distraer con el discurso de la hipocresía y el juego de candidaturas para aceitar la oxidada maquinaria del mismo aparato de siempre. Para que nadie escuche. Para que nadie lea. Para que nadie exija. Para que nadie actúe.

Creadores, bajadas y derechos

Discos, películas, series, libros. Los contenidos están ahí, a un clic de distancia. Listos para ser descargados, desde sitios oficiales y no tanto, pagando por ellos o no. A esta altura del nuevo milenio, los consumos culturales han asistido a una especie de revolución. A tal punto que el objeto mismo, el CD o el DVD, fue perdiendo su consistencia material y borroneando aún más el límite entre original y copia. La aparición de la tecnología digital, computadoras personales e Internet mediante, hizo tambalear y envejecer en un par de décadas a las mismas leyes de derecho de autor que se mantuvieron en pie durante siglos. Mientras algunos actores de la cadena productiva en cuestión han visto mermar sus ingresos considerablemente, otros han encontrado nuevas posibilidades de hacer negocios millonarios. Acción convocó a representantes de distintos sectores de la cultura para debatir estas y otras cuestiones a la luz de un escenario cambiante e incierto en el que los intereses en juego trazan un mapa complejo, entre coincidencias y contradicciones. –La entrada en escena de la tecnología digital e Internet y los cambios que produjeron en el panorama cultural, ¿se pueden comparar con lo que sucedió en su momento con la aparición de la imprenta? Juano Villafañe: Desde el papiro a la imprenta Gutenberg, pasando por la industria cultural e Internet, hay todo un proceso. La etapa que inaugura de manera tan particular Internet atraviesa estas relaciones de autores y lectores. Y también establece falsos debates sobre el conflicto cultural y sobre el derecho de autor; y nuevas relaciones de campo entre los dueños de los medios, entre las asociaciones de gestión, entre el propio núcleo social de la cultura que actúa paradojalmente, y el público. El derecho de autor hoy tiene visibilidad y genera debates, como se vio con el caso del canon digital y su aplicación. Juan Félix Memelsdorff: Las dos grandes estaciones que hay en el mundo del derecho de autor son la imprenta y, hace unos años, Internet. De alguna manera, el derecho de autor y el copyright en los países anglosajones surgieron como una reacción ante la necesidad de controlar, desde el punto de vista de los autores y de los editores, pero también de los reyes y de la política, todo lo que se imprimía. Y este sistema, tal como se creó, aguantó bastante bien todos los cambios tecnológicos, hasta Internet. Lo que ahora dispara el debate es la suma de Internet más tecnología digital, que permite duplicar, copiar, reproducir, bajar, muy rápido, con calidad idéntica y a costo casi cero, cosa que en todos los sistemas tecnológicos anteriores no se podía. Por la velocidad con que se impone este cambio, llega mucho más rápido que los jugadores dominantes en el mercado, que llegan más tarde, a la vez que produce una modificación en los hábitos culturales de importantes sectores de la población. Frente a este fenómeno, lo paradójico es que quienes la vieron más clara son grupos que venían de fuera del mundo de los contenidos. Un ejemplo es la empresa más grande del mundo de bajada legal de música: Apple es una empresa estadounidense que viene del mundo de la tecnología, no es una discográfica. Hoy la disputa no está tanto entre tecnología y contenido, sino entre distribuidores y tecnología. En esta disputa, hay que desmitificar cosas importantes, porque en ambos bandos hay importantísimos intereses económicos: de un lado, tenemos grandes corporaciones multinacionales y nacionales dueñas de derechos para ser explotados y, del otro lado, los servidores y proveedores de Internet, que cuanto más ancho de banda, mejor, no importa si el material que va por ahí está protegido por derechos o no. Beatriz Busaniche: Estamos discutiendo sobre la base de una ley que data de 1933 en Argentina, que es la 1.193. El sistema actual de derechos de autor, a nivel global, ha sido diseñado de algún modo en el siglo XIX: es el mismo que se consolidó en el siglo XX con el auge de las industrias culturales. Pero esta legislación se va a los caños en el siglo XXI con el impacto del cambio tecnológico, porque la característica central que tienen las tecnologías digitales es justamente la copia. Todo lo que se hace en Internet es una copia. Incluso cuando estoy mandando un correo electrónico, lo que recibe la otra persona es una copia. Lo que hace Internet y las tecnologías digitales es traer a la mesa de debate a un actor que no estaba antes en esta cuestión: el usuario, que ahora puede hacer aquello que antes estaba regulado. Hace cinco décadas, la propiedad intelectual era un tema entre editores y autores: nunca iba a haber un pleito contra un usuario final o un lector. Porque uno como lector a lo que más podía aspirar era a copiar a mano o, eventualmente, fotocopiarlo. Pero el problema central ahora es que cualquiera de nosotros, que no contamos con una imprenta en casa ni somos editores profesionales, tenemos la facilidad de copiar de un modo que nunca antes fue posible. Hoy cualquiera le puede pasar una canción a un amigo, con la misma calidad. La diferencia entre la copia que vos le pasás a un amigo y la que comprás en la disquería es una cuestión de legalidad y nada más, porque ambas son copias de igual naturaleza: ninguna es un original. Memelsdorff: Hay una diferencia, porque una cadena pagó para que eso exista y la otra no. En la copia legítima, vos vas para atrás en la cadena y terminás encontrando a la discográfica que pagó el máster. Busaniche: En la copia ilegítima también se paga. Juan Pablo Fernández: En la música, la discusión sobre estar en una compañía o ser un grupo independiente tiene que ver con el acceso a grabar y a editar. Los primeros conflictos con Internet tienen que ver con la copia del CD en los 90. Gracias a Internet aparece la posibilidad de tener la misma obra con la misma calidad. Y nuestro grupo, Acorazado Potemkin, cede su disco a la Web. El tema no es sólo Luis Miguel o la Sony: para un montón de grupos como el nuestro, Internet no ha venido a democratizar, por lo que se decía antes de las telefónicas y los servidores, pero de alguna manera ha ido quitando filtros, exclusividad, distribución, toda una serie de cuestiones que el músico siente que son obstáculos para llegar al público. Porque yo creo que, sin hacer demagogia y tomando a los usuarios como un punto de partida hacia nuevas leyes, la gran mayoría de los que producimos música no necesariamente apuntamos a ser parte de la industria cultural o a ajustarnos a los grande presupuestos que manejan las discográficas. Entonces habría que plantear qué hacemos con los miles y miles de grupos que hay en todo el mundo para ser protegidos y apoyados. Lo que nos permitió Internet, en nuestra pequeñísima escala, fue acercarnos a gente de distintas ciudades gracias a la repercusión que ha tenido Mugre, nuestro disco. Industria virtual La integración entre Internet y el televisor –o, mejor dicho, la pantalla de LCD– ya no es una hipótesis: es una realidad concreta. Una de las variantes que ha venido creciendo en los últimos tiempos es la de canales virtuales que ofrecen a sus abonados contenidos audiovisuales bajo demanda. Un modelo que parece partir de la experiencia de YouTube y que busca captar al público habituado a consumir ficciones a través de la red. «La gran cosa que tiene YouTube es que ahí está todo», acota Memelsdorff. «Hoy en día, los que compran películas y bajadas legales no piden exclusividad: casi todos los sitios tienen las mismas películas. Y lo que en realidad ofrecen es quién tiene más cantidad. Netflix, por ejemplo». Osvaldo Pulvirenti: Puedo corregir algo sobre este tema, porque Netflix entra al país sin pedirle autorización a nadie. Por eso compite con proveedores eventuales argentinos del mismo servicio en desigualdad de condiciones. Porque Netflix es mundial y previó, entre otras cosas, un sistema de lanzamiento simultáneo en toda Latinoamérica, país por país, sin haber pedido ninguna autorización. Yendo a los esquemas de propiedad intelectual, el año pasado, en la FIAP (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos), tuvimos una reunión donde estaba el representante de la India, que dijo que para combatir la «piratería» –denominación que no comparto–, el acceso ilegal a la propiedad intelectual, había que equiparar la figura del que bajaba un contenido con un terrorista. Obviamente, los productores dijeron «qué bárbaro»: parece que cuanto más represiva es la legislación, más «adelantados» estamos. La pregunta que hice yo fue a cuántos condenaron a pena de muerte por bajar contenidos. A nadie, porque no la pueden aplicar, lógicamente, dado que los usuarios van a seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces, en medio de un cambio cultural de esta magnitud, lo que hay que ver es de qué manera el paradigma económico se reconstruye en virtud de esa nueva realidad que quiebra el esquema tradicional. Por eso el canon digital es una manera que han encontrado de tratar de encarar la cuestión. Debe buscarse una forma de armonizar ese derecho de propiedad intelectual con un acceso del usuario lo más democrático y abierto posible, porque el objeto cultural no solamente tiene la satisfacción del propio creador, sino en general a partir de su difusión. Busaniche: Una de las cosas que ha pasado en las últimas décadas en las industrias del entretenimiento es que se han reducido notablemente las opciones culturales. En los cines, ¿cuántas salas están pasando cine diverso? Cada vez es más complicado escuchar músicas que no se editan acá, porque no son comercialmente relevantes para quienes tienen los derechos en Argentina. ¿Qué se compra en las librerías? Lo que van rotando en las vidrieras las grandes cadenas. Unos pocos actores fijan el canon de lo que se va a leer, lo que se va a escuchar, lo que se va a ver en el cine, por una cuestión de agenda comercial. Pero no necesariamente reflejan mi agenda como consumidora de cultura. Yo quería retomar la cuestión de la ley, que se caracteriza por ser una de las más rígidas del mundo. La excepción para bibliotecas, por ejemplo, que fue presentada por el diputado Heller, a partir de un proyecto elaborado por la Asociación de Bibliotecarios, ahí quedó: nunca se llegó a tratar. Y eso es algo ínfimo; de hecho, los reportes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dicen que sólo 20 países de los firmantes del Tratado de Berna no la han incorporado. Las excepciones para biblioteca son para préstamos interbibliotecarios. Yo me atrevo a decir, y probablemente suene a provocación, que si cumpliéramos la ley, yo, por lo menos, no tendría mi título universitario, porque no hubiera podido comprar todo lo que necesité leer para lograr un grado en una universidad pública. Y, como docente de la UBA, sé que todos mis alumnos fotocopian los artículos que tienen que leer. No sólo está la cuestión de los materiales cuyos autores vivos quieren poner o no en Internet. Villafañe: El tema es resolver una ley global sobre el derecho de autor y no aquellas cosas tangenciales, porque estoy totalmente de acuerdo con que las bibliotecas hagan fotocopias de manera libre. El problema son los autores: en la Sociedad Argentina de Escritores consideramos que hay que reconocer al autor. Tenemos el canon digital, que tiene el aval de toda la sociedad de gestión; sin embargo, no se le da curso a propósito de un problema que también plantean los usuarios: ¿cómo me van a recargar a mí el impuesto del canon digital y del producto final que voy a comprar? Evidentemente, las relaciones que estamos planteando deben reconsiderarse desde el Estado. Porque estas nuevas relaciones son tangenciales, hasta paradojales. Si la SADE, por ejemplo, tuviera la opción de ser la entidad recaudadora de los derechos de autor, ¿quiénes se opondrían en primer lugar? Los escritores. El propio núcleo social de la cultura no confía muchas veces en los procesos de recaudación de los derechos de autor, que son los que nosotros tenemos que considerar y defender más allá de si está bien o está mal la forma en que se distribuyen. En la SADE estamos trabajando por el derecho colectivo, que sería una gran posibilidad para que el autor pudiera ser reconocido. El conjunto de las otras entidades recaudadoras del derecho de autor va a plantear el canon digital. Yo no sé dónde encontramos el problema, pero una buena redistribución del canon digital sería un ingreso para todos. Fernández: No es un ingreso para todos; lamentablemente no hay control, no está socializado, no se paga cada cosa como corresponde. La mayoría de los medios de comunicación pagan un canon a SADAIC. Memelsdorff: Un problema son los que hoy recaudan –como SADAIC– y cómo lo reparten. Otra cosa es el canon digital que se quiso implementar. Básicamente, es gravar el soporte y repartir el beneficio producido entre los distintos actores de la cadena. En el caso de los contenidos audiovisuales, es gravar el dispositivo que permite la reproducción. Pulvirenti: Coincido con el doctor: en esta cadena siempre va a haber quien gana plata. La pregunta es cómo se reparte. Estamos hablando de Google, por ejemplo. Yo puedo entrar a un sitio de audiovisuales ilegales y ver publicidad de primeras marcas. Una propuesta que llevamos con el INCAA es blanquear: «Acá hay alguien que gana plata y que no está pagando nada y tiene que hacerlo». Hay un contenido pago que se está publicitando: no puede ser algo que le escapa totalmente al autor, lo deja completamente fuera de esa cadena. Alguien se está adueñando de esa posibilidad de emitir, y alguien está lucrando con la publicidad. Entonces, un esquema que ha pedido el INCAA, y que sí tiene la iniciativa norteamericana SOPA, es repartir la publicidad, porque ahí está el negocio que tiene que ver con Internet, que se financia básicamente con avisos. El punto es cuál es la cadena de valores y de qué manera se ha reconvertido el negocio, para saber quién tiene que tributar al Estado y al autor. Ahí falla en gran parte la legislación. Del autor al público Cerca de la resignación, algunos productores aseguran por lo bajo que es casi imposible que una generación, la de los adolescentes actuales, llegue a plantearse la posibilidad de pagar por contenidos –discos, películas– que hoy consigue sin pagar un centavo. La cuestión, de todas formas, traspasa las barreras etarias y abarca a la sociedad en su conjunto. ¿Una nueva legislación podría introducir un cambio en los hábitos de consumo? «Yo no estoy del todo segura de que la pregunta tenga que ver con la costumbre de pagar o no pagar por la cultura», retruca Busaniche. «De hecho, cuando uno observa estudios hechos en distintas universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Brasil, lo que queda bastante claro es que la gente que descarga gratuitamente es, a la vez, también la que más consume. Y que la variable de pagar o no pagar depende más de la disponibilidad de plata que tenga una familia para invertir en cultura que de si puede acceder o no gratuitamente. Lo que sí va cambiando es la dirección de hacia dónde va el dinero: antes tal vez lo invertía en un disco y ahora en juntar un poco más e ir a un recital. Pero la gente que tiene 100 pesos para cultura los gasta en cultura, ya sea para ir al cine o a un show». Fernández: Es la gente la que tiene un interés concreto por la cultura. En ese sentido, revindico lo que, de alguna manera, es asumir cierta derrota económica: se trata de que vos puedas facilitarle las cosas al que quiere tener tu material. Nosotros subimos nuestros discos a Internet y recibimos muy poco como donaciones, pero triplicamos el público que nos va a ver. Y ahora podemos tocar en todo el país. Generamos una forma de ser sustentables: es un emprendimiento de la banda, lo capitalizamos nosotros. Pero igual pasa algo raro, porque aunque uno acepte que no va a ganar un peso, encuentra trabas en los sitios desde los cuales se puede bajar lo que vos subiste. A mí me llamaba la atención, tiene que ver con las licencias, con quién las administra, quién tiene el canal de YouTube, quién tiene ese material audiovisual. Villafañe: En tanto creadores, podemos acordar que ustedes como grupo renunciaron a ese derecho de autor en la medida de la libertad de cada uno, que puede hacerlo porque quiere. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es cómo se implementan los derechos de autor de tal manera que el usuario, que es un agente que hay que tener en cuenta, el propio núcleo social de la cultura, que es el que se va a beneficiar con ese derecho de autor, el Estado, las sociedades de gestión, que son las que intervienen en esta relación, establezcan una nueva política. Porque, en algunas circunstancias, lo que ocurre es que el derecho de autor, por omisión o por políticas, se establece desde el propio sector social de la cultura que se ve beneficiado, o no considera a las sociedades de gestión como distribuidores de derechos de autor. Y, por otra parte, existen a su vez condiciones no muy democráticas de distribución de derechos de autor. Fernández: Hay otro debate sobre lo que es el derecho de autor: cuánto se cobra, qué parte es realmente del artista. Porque de los derechos que se ceden cuando un grupo decide firmar un contrato, el porcentaje que se llevan las compañías sigue siendo muy alto. Hay que poner en crisis eso también, para que nos sirva realmente a los creadores. Algo que no sucede salvo en los grandes negocios en los que se beneficia a un músico en particular. Pero, como artista independiente, defender el derecho de autor poniéndome del lado de una compañía para cobrar, no sé, 0,80 pesos por cada disco… Ya lo hicieron grupos como Metallica cuando se produjo el conflicto con Napster. No me interesa: si ese es mi derecho, no quiero esa migaja. Busaniche: Tendríamos que lograr que el autor pueda pararse en una posición negociadora para proteger su propia creación. Muchas veces nos dicen: «Ustedes quieren que la gente descargue gratis». La condición de los músicos menos beneficiados muchas veces tiene que ver con las condiciones materiales de la propia industria en la cual están metidos. Y la zanahoria que les han puesto, en muchos casos, es la de hacerles pensar que porque le entregan la sangre y el ADN de su tatarabuela a una discográfica en algún punto van a ser Bono. Y Bono y Madonna son casos excepcionales. Memelsdorff: Pasamos de hacer crema el derecho de autor a estar defendiéndolo y haciendo fuerza para que los autores puedan negociar más y mejor. Villafañe: Hay que encontrar una organización que no sea desautorizada. Argentores es un ejemplo excelente: en Argentina, dentro de la cultura del teatro, no hay ningún dramaturgo que renuncie a pasar por Argentores. Busaniche: Yo conozco a algunos autores que no han podido poner su obra en teatros porque no querían pagarle el canon a Argentores. Fernández: Yo no puedo elegir no pagar SADAIC, porque te lo vienen a sacar de la recaudación. Memelsdorff: Lo paga el usuario, no lo pagás vos. Uno de los problemas que tiene la gestión colectiva en Argentina es que se ha dedicado básicamente a recaudar, mientras que puso poco énfasis en la defensa y promoción de los autores. Pero, conceptualmente, la gestión colectiva no es un mal sistema. El derecho de autor y el copyrigth son formas de resolver la diferencia de intereses entre el individuo y la sociedad desde hace 300 años. Probablemente haya que revisar cuál es el punto entre los creadores y los intérpretes, quienes difunden y el público, que además ahora es interactivo. Seguramente hay que discutir nuevamente cuál es el punto de equilibrio. Y, a partir de ahí, contemplar distintas posiciones sabiendo que se van a tocar intereses. –¿Cómo se resuelve la tensión entre el derecho de autor y el de libre acceso a la cultura? Memelsdorff: Internet cruza todos los campos y obliga al debate. Y cuando vos debatís el derecho de autor, inmediatamente después vas a estar discutiendo el rol de la sociedad de gestión, porque están de la mano. Quienes están en el copyleft van a decir «no quiero derecho de autor». En mi visión, tiene que seguir existiendo el derecho de autor, reconociendo los nuevos hábitos del público. Busaniche: Para discutir una ley, hay que introducir la relación entre los autores, el público, la industria y el Estado. Acá tenemos un problema, y es que la propiedad intelectual en todos sus campos tiene que ver con las políticas públicas. Y de algún modo los Estados, a partir de la firma de los tratados de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio y demás, han ido abandonando la discusión sobre el tema. Frente a los tratados de libre comercio, los que tienen que tomar las decisiones, que son los parlamentos y los ciudadanos de cada país, han quedado ajenos a esta discusión. Así, hemos ido renunciando a darnos una política pública. Lo que hemos hecho en el software libre, el Creative Commons y los distintos movimientos en que hemos tratado de encontrar un camino, es una solución privada partiendo de un problema público. Y, como tales, son soluciones limitadas, ineficientes en muchos casos. Es un tema que necesita debate público, además de investigación académica, acerca de cuál es el impacto y cuáles son las implicancias.

Fragmento de Rayuela

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se cercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.

La brecha digital, o cómo poner el carro delante del caballo

Por Laura Siri Lo primero que llama la atención cuando uno intenta analizar la llamada "brecha digital" es la mera existencia del concepto. Porque, por ejemplo, ya hay en el mundo 963 millones de desnutridos, y nadie habla de "brecha alimentaria". Sería difícil demostrar que algún grupo significativo de personas haya muerto por falta de tecnología informática. Sin embargo, cada año mueren 3,5 millones de niños por malnutrición y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) cree que la cifra irá en aumento(1). Asimismo, muchas personas padecen enfermedades que deberían haber sido erradicadas hace mucho, y nadie habla de "brecha en salud". Por ejemplo, según la OMC, la tuberculosis es la principal causa de morbilidad y mortalidad infecciosa en los adultos de todo el mundo. Cada año mata a 1,7 millones de personas, es decir, prácticamente una cada 15 segundos, pese a ser curable. Y alrededor de dos mil millones de seres humanos están infectados con el bacilo de Koch. Quizá el origen del asunto tenga que ver más con aquellos que venden tecnología que con quienes supuestamente se beneficiarían por su uso. Cisco Systems, por ejemplo, es la empresa que fabrica y desarrolla equipos clave para que la Internet pueda existir: los routers. Anualmente esta firma de origen californiano publica en conjunto con el World Economic Forum su "Network Readiness Index" o NRI: un listado de 127 países ordenado según un índice de grado de "preparación" o "aptitud" para la conectividad, conformado por 68 diferentes indicadores. En el primer lugar del ranking figura Dinamarca, seguida por Suecia y Suiza. En América Latina y el Caribe, sólo 4 economías se encuentran ubicadas entre los principales 50 puestos: Chile (34), Barbados (38), Puerto Rico (39) y Jamaica (46). México y Brasil están en los puestos 58 y 59, respectivamente. Este estudio, como muchos similares, sugiere que la conectividad amplia y de banda ancha impulsa la competitividad económica, el crecimiento sustentable y la reducción de la pobreza de un país. Sin embargo, ¿no podría ser exactamente al revés? Es decir que si un país es competitivo, tiene crecimiento sustentable y bajos niveles de pobreza, probablemente utilice sus abundantes recursos en incrementar la conectividad. También es posible que decida desarrollar un programa espacial, o cualquier otro proyecto costoso. Pero si incrementa la conectividad y el principal renglón de su economía es, digamos, la producción de algodón, sería difícil demostrar que eso beneficiaría automáticamente y en forma significativa el desarrollo económico y social. Como siempre se dice en estadística, correlación no implica causalidad. Incluso a escala micro seguramente se podría encontrar una correlación positiva entre la posesión de artefactos electrónicos, entre otras variables, con la capacidad económica de los hogares. De lo cual alguien podría concluir que la adquisición de dichos artefactos genera riqueza. Pero, ¿no será exactamente al revés? Porque es evidente que si uno tiene recursos, puede comprar PCs, televisores de plasma, notebooks, teléfonos de alta gama, y mucho más. Pero comprar esas cosas no aumenta la riqueza de nadie. No son necesariamente una inversión, pueden ser simples gastos, que mejoren la diversión y la comodidad, pero no siempre la productividad. Y las mismas personas que pueden permitirse adquirir todo eso, en el caso de no ser muy afectos a la tecnología quizá prefieran gastar sus recursos en construir una piscina en el jardín. Y hasta podrían vivir más años que los amantes de los "gadgets", debido al ejercicio de nadar regularmente, en vez de estar horas delante de una computadora. Es falaz suponer que quienes no se dedican a incorporar obsesivamente tecnología están condenados a estar del lado malo de la civilización frente a la barbarie. En España, un país del primer mundo, se leen a menudo informes donde se escandalizan de la baja penetración de la banda ancha con respecto a otras naciones de la Unión Europea. Lo que no se suele resaltar es que, según estudios de fundaciones como Telefónica y Orange, así como el BBVA y otros organismos, cerca del 70 por ciento de los hogares sin banda ancha declara en las encuestas que es por falta de interés. No es por el precio, no es por la complejidad, es porque simplemente no todo el mundo necesita Internet para sentir que vive mejor. El problema es que lo que podría ser una simple constatación de hechos, termina planteándose como prescripción. Por ejemplo, el NRI dice que "las nuevas definiciones retratan el alto ancho de banda como una necesidad, quizá incluso como un servicio público comparable al agua potable". En otro lugar, dice que "en un contexto social más amplio, se ha reconocido que la conectividad tiene un impacto positivo en la transparencia, el buen gobierno y la democracia". Esta última afirmación llama especialmente la atención si se piensa, por ejemplo, que la República Popular China, un país donde se puede recibir duras penas por expresar determinadas ideas en Internet, figura mucho mejor posicionado en el NRI que otros donde la opinión no es delito. Este tipo de rankings induce a pensar que la conectividad no sólo trae competitividad económica, sino también democracia y transparencia, cuando esto es sencillamente una falacia. Es natural y no tiene nada de malo que Cisco y otras empresas de informática, que son organizaciones con fines de lucro, traten de persuadir a la sociedad de que los países atrasados en ese rubro están económicamente perdidos y perderán el tren de la modernidad. Cada uno tiende a presentar las situaciones del modo más favorable a sus intereses. Pero, si el tema se considera en forma más sistémica, se puede poner en duda que haya que ir hacia la llamada "Sociedad de la Información" lo más rápido posible y a cualquier costo. El caso de la Argentina puede ilustrar este punto. En los '90, cuando la economía era extremadamente abierta y la tendencia general era hacia la desregulación y la liberalización, los bienes importados, como los electrónicos, no resultaban relativamente tan onerosos para los presupuestos hogareños como hoy en relación al ingreso. Se podría pensar que, de continuar esas condiciones, hubiese sido más fácil romper la brecha digital en el país. Sin embargo, por la específica estructura de la economía argentina, ese tipo de políticas generó desempleo, quiebra de empresas y falta de competitividad. Durante el 2002, con la caída de aquel modelo económico, uno de los mercados más castigados por la crisis fue, justamente, el de informática. En la actualidad, con otro tipo de cambio y políticas más proteccionistas, según datos publicados en abril de 2008 por Marcó Consultora se necesitan 2,52 sueldos promedio para comprar una computadora de escritorio sin marca, y casi tres para adquirir una PC de marca. En cuanto a las portátiles, requieren 3,09 sueldos si son armadas localmente o 4,06 si son de marca internacional. Así que es factible que unas mismas políticas, por un lado, tengan un efecto reductor de las brechas digitales y, por otro, repercutan negativamente en la economía global de un país. Concretamente, es posible que en la Argentina de los '90 las importaciones libres y baratas fueran buenas para comprar computadoras. Pero eran malas para el empleo y la producción, porque junto con un montón de productos como los de informática, que no se podían desarrollar localmente, también ingresaba una gran masa de mercaderías de todo tipo que competía con ventaja con la industria nacional. Por supuesto, lo ideal sería que el país tuviera una producción propia de bienes de alta tecnología, generada en el marco de un Sistema Nacional de Innovación. Pero, por muchas razones, ése no es el caso de la Argentina ni de los países subalternos en general, y esa situación no se corregirá comprando la generada en los países centrales. También hay paradojas peores, como ilustra el floreciente mercado mundial de móviles. En efecto, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado en febrero de 2008, estos teléfonos están ayudando a disminuir la brecha digital. Dicho estudio también resalta que los subscriptores a telefonía celular casi se han triplicado en los países en vías de desarrollo en los últimos cinco años, y ahora representan cerca del 58 por ciento de los usuarios en todo el mundo. Se estima que ya hay unas 3000 millones de personas con celular. Particularmente, "en África, donde el incremento en términos de número de subscriptores de teléfonos celulares y el ingreso al mercado ha sido el mayor, esta tecnología puede mejorar la calidad de vida de la población en general", asegura el informe. El problema es que, justamente en África, más concretamente en el Congo, la explotación de un material necesario para la fabricación de celulares está impulsando conflictos bélicos terribles. Se trata del coltan, denominación usual de la aleación de dos minerales: Columbita (col) + Tantalita (tan). Este material es vital para fabricar aparatos electrónicos, centrales atómicas y espaciales, misiles balísticos, videojuegos, equipos de diagnóstico médico, trenes magnéticos y fibra óptica. Pero el 60 por ciento de su extracción y comercialización se destina a fabricar condensadores para teléfonos móviles y, al parecer, no se puede reemplazar por otra cosa. El 80 por ciento de la producción mundial de coltan viene del Congo. Y las disputas por el control de su producción están generando cruentas catástrofes humanitarias desde hace más de una década. Se estima que sólo en la región operan 23 grupos armados y todos van detrás de lo mismo: la riqueza mineral. Además, según un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas difundido en el 2001, algunas trasnacionales de celulares financian a través de intermediarios clandestinos a los bandos en pugna. Entonces, a pesar de su contribución para que el resto del mundo pueda tener celulares a granel, la República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del globo, donde miles de desplazados deambulan en medio de todo tipo de peligros y sin los servicios humanitarios más elementales. Por cierto, este país ni siquiera figura en el listado NRI. Por lo tanto, parece que para que en muchos lugares del mundo se disfrute de ciertos adelantos técnicos, el precio pueden ser condiciones infrahumanas de vida en algunas regiones olvidadas. Otra falacia usual en el discurso sobre la brecha digital proviene de la escasa consideración acerca del esquema de propiedad de las tecnologías que se pretende difundir. Por ejemplo, es muy común leer que Microsoft done software a escuelas u otras instituciones con el fin explícito de contribuir a reducir la brecha digital. Según un comunicado de esta empresa, desde el 2003, la compañía ha donado más de 135 millones de dólares en efectivo y software para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en 21 países de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, el texto del contrato de las licencias de uso del software de Microsoft, tanto adquiridas en el mercado como mediante donaciones, contradice claramente la idea de que ese tipo de tecnología pueda contribuir de algún modo para reducir la brecha digital. La razón principal es que, evidentemente, cuando un software se puede compartir legalmente, muchos pueden beneficiarse de su uso sin ninguna barrera de entrada. Pero, en las licencias de Microsoft y de otras empresas, compartir el software está expresamente prohibido. El software libre, en cambio, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Es posible que para obtenerlo haya que pagar, pero se distribuye mediante licencias que permiten las llamadas "cuatro libertades": • Usar el programa con cualquier propósito. • Estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades. • Distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros. • Mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie. El software que no las respeta, como el de Microsoft, Adobe, Apple, y muchas más, se denomina "privativo", porque priva al usuario de estas libertades. Según el gurú del software libre Richard Stallman, cuando Microsoft u otras empresas regalan software, lo que hacen en realidad es crear dependencia de su modo de hacer las cosas. Hacen que el usuario aprenda a usar solamente sus herramientas y, por lo tanto, luego le dé pereza mental usar otras. Lo que dice Stallman es bien fuerte: afirma que este modelo de negocios es igual al de los traficantes de droga, que dan las primeras dosis gratis y luego, una vez creada la adicción, por supuesto las venden. Y si los niños que usaron ese software donado en su escuela quieren usarlo en su casa o en su trabajo cuando ya son adultos, ya nadie se lo dará gratis. Además, por razones estrictamente comerciales, los productos de software privativo constantemente vienen en nuevas versiones, que deben pagarse, y el fabricante discontinúa el soporte de las versiones anteriores. Discontinuar el soporte implica, por ejemplo, que ya no haya parches de seguridad para los productos previos, con lo cual el usuario se expone a toda clase de vulnerabilidades informáticas si continúa usándolos. Esto es visto por los defensores del software libre como una especie de "impuesto al conocimiento". Por otra parte, cada vez que sale una versión más actual, aumentan los requerimientos del hardware compatible, lo que obliga a realizar fuertes y constantes inversiones en nuevos equipos. Evidentemente, esto no contribuye a cerrar la brecha digital. El software que se obtiene gratis no necesariamente es software libre. Así que, cuando una empresa que habitualmente vende software privativo lo regala, por ejemplo, a una escuela, de algún modo le está dando un caballo de Troya. En particular, está obligándola a sostener la dudosa teoría de que compartir está muy mal, que debería ser criminalizado. También que está mal tratar de conocer cómo funciona esa tecnología porque, como los códigos fuente del software privativo son secretos, para usarlo se necesita aceptar que intentar aprender cómo está hecho está prohibido. Y esta última reflexión se relaciona directamente con la falacia más peligrosa de muchas discusiones sobre brecha digital. La idea de que lo malo es no tener suficiente acceso al consumo de ciertos productos tecnológicos, cuando el drama es no tener acceso a su producción. Quienes realmente ganan con las tecnologías de información y comunicación son quienes las desarrollan y las venden, no necesariamente quienes las compran. El mecanismo de generación de falacias acerca de la brecha digital es simple: se abstrae arbitrariamente una dimensión de la condición desigual del acceso a los bienes. Se plantea que es causa algo que sólo es consecuencia, y se omite que en ciertas circunstancias la reducción de dicha dimensión arbitraria no disminuye el monto global de desigualdad, sino que lo amplía. Finalmente, se acude al truco más viejo del mundo: presentar como interés general lo que, en realidad, es un interés particular de quienes venden determinados bienes y servicios y querrían que fueran tan de primera necesidad como el agua y la comida.

LA ISLA DE LOS WICHÍ

Marianito Moreno se recuperó físicamente de una desnutrición aguda, pero arrastra secuelas neurológicas.La muerte de siete niños de las comunidades echadas de sus tierras en Salta recuerda el drama de los que no son tratados como hermanos En apenas doce días, siete nenitos de entre seis meses y tres años murieron en el departamento de General San Martín, al norte de la provincia de Salta. Todos pertenecían a la etnia wichí y todos fallecieron a causa del estado de desnutrición en que se encontraban. En su mayoría, la diarrea estival fue la encargada de asestar el tiro de gracia.“La otra vez fuimos noticia porque cortamos la ruta, por los pozos petroleros, pero ¿quién se va a acercar ahora por los niños que mueren de hambre, hermano? El niño no habla, no te puede decir tengo hambre, y son sólo los papás los que los están mirando y los tienen en los brazos hasta que se mueren”, interpela a Miradas al Sur, Eduardo Paliza, integrante de la comunidad wichí. Por eso, esta vez, la sorpresa fue que el tema se instaló en los medios. Porque, el año pasado, a esta altura, la cifra de niños fallecidos duplicaba a la de este 2011, y la del anterior fue aún mayor, y la del anterior, más. Así y todo, semejante espanto no mereció la escena mediática de aquellos años no electorales.De todos modos, las explicaciones periodísticas aportaron más confusión que otra cosa. “La radio y la tele, que están acá a la vuelta nomás, dicen que ‘es un problema cultural’. Mentira. ‘Es un problema indígena’”, se queja Paliza. “Cortan el hilo por lo más delgado. Si nosotros tuviéramos todas las tierras, el río, el pescado, las frutas, las plantas, no se le pide a nadie nada. Cómo va a hacer una madre con sus hijos, si no le puede dar la fruta, ni el pescado? Acá en el norte hay mucha riqueza en la tierra, ¿pero cómo llegar si está todo alambrado y no podés pasar porque te meten tiro o te mandan a la policía?Paliza empieza a desentramar una parte del problema. Quizá la fundamental. Al menos para las comunidades, porque todos los caciques repiten que el problema es el desempleo, y que ello está directamente ligado con la expulsión de los pobladores originarios, la ocupación de sus tierras y la instalación de industrias que generan muy poco empleo.“El departamento de San Martín empieza en Embarcación y termina en Bolivia –cuenta el ciudadano argentino y wichí–. Son cien kilómetros de ruta. Al este están las sojeras, todos los días los aviones están tirando cagada y veneno, matando a los pueblos indígenas todos los días. Al oeste, están las petroleras, que envenenan todo, los ríos, la tierra, y matan a los animales, y eso nadie lo dice. Estamos a 2 mil kilómetros, pero la amiga Presidenta tiene que conocer la verdad”, remata.Octorina Zamora también es salteña, es wichí y le apunta a la usurpación: “Los pobres, los indígenas, no tenemos acceso al trabajo digno, no podemos contar con los medios económicos para dar de comer a nuestros hijos. Les dan prioridad a la soja y nos despojan de nuestro territorio, de nuestro hábitat. Uno de los mayores culpables de todo esto es el tema de los despojos, el desmonte, hay muchos pueblos acorralados por vastos territorios de gente que ni siquiera son del lugar,. Hay muchos patrones que nosotros ni conocemos”.Octorina agrega que las 17 comunidades indígenas (wichí, guaraní y quom) que viven en Embarcación y se quedaron sin territorios, también sufren inundaciones cada vez que llueve. “Encima, Embarcación está en una zona de transición entre las sierras de yungas y el Chaco salteño árido, el único pulmón ecológico que tenemos”. La Dirección de Recursos Hídricos provincial publicó un informe que “dice que el pueblo de Embarcación está en riesgo de sufrir un alud por los desmontes”. Octorina estuvo en agosto de 2009 en Buenos Aires, junto a otros veinte wichís, pidiendo a la Corte Suprema que detenga los desmontes. La Corte ya estaba al tanto: seis meses antes siete caciques wichís habían participado de la audiencia pública, junto a los gobiernos provincial y nacional, que el máximo Tribunal había ordenado al hacer lugar al amparo que detuvo por un tiempo talas y desmontes en San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Mente, cola y corazón cerrados. En el mismo sitio donde los bebés se mueren de hambre están los campos de Alfredo Olmedo. En poco tiempo acumuló unas 160 mil hectáreas. Según fuentes provinciales, “andando mal, le da un rinde de 440 millones de pesos por año”. Alfredo Olmedo hijo, hoy diputado, declaró: “Soy orgulloso de ser del campo y pertenecer a una cultura del trabajo”. Pero los salteños aseguran que “no se le conoce sudor, nunca trabajó”. Las únicas actividades en que se lo vio antes del Congreso y de Cocodrilo fueron las carreras de motocross y motos de agua. El diputado corría en aguas más limpias que las que las comunidades traen de lejos, almacenan por días en tachos precarios y causan la diarrea. La diarrea estival, habitual en esta época, altera la absorción intestinal, lo que produce la pérdida de agua, minerales y nutrientes. En los niños pequeños, provoca rápida deshidratación. Si no se trata a tiempo acarrea consecuencias graves, como la muerte.El aspecto cultural del problema también es complejo. Por un lado, los miembros de las comunidades wichís dan cuenta de la discriminación que sienten en las instituciones hospitalarias. Por otro lado, o no tanto, las autoridades deben lidiar con la reticencia de los aborígenes a la medicina occidental. Para colmo, el exitoso plan nacional de agentes sanitarios y de descentralización de la atención médica tiene sus vacilaciones allí. “La atención primaria de la salud es la llegada de los agentes sanitarios al territorio, muchos de la propia comunidad”, describe Susana Canela, especialista en políticas públicas. “Teníamos el centro de salud, enfermera, los médicos iban al lugar, pero la provincia ahora está teniendo un déficit de médicos en la parte pública”, explica. El sueldo de un agente de la medicina en territorio es pagado cerca de $7000.El gobernador Juan Manuel Urtubey puso en marcha un plan de emergencia con la intención de detener la seguidilla de muertes. Y al frente del plan la puso a Canela. Urtubey plantea que “si las actividades que venimos haciendo no son suficientes, hay que buscar estrategias nuevas e integrales. Si detectamos desnutridos, nos apoya muchísimo el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene todos los planes alimentarios con dietas especiales. Vamos a tener once nutricionistas repartidos por las comunidades, así que vamos a trabajar fuerte en este tema”, se ilusiona Canela, y suma que serán diez grupos de especialistas, universitarios e indígenas que trabajarán “comunidad por comunidad. Unas cuarenta personas se incluirían para trabajar en todo el territorio, desde Pichanal hasta Pocitos”.Canela sabe que “la problemática que se vive no tiene que ver solamente con un problema de acceso a los alimentos, sino con un proceso educativo, con el acceso a la salud, con condiciones dignas de vida. Todo eso hace que una persona y una familia pueda cambiar su situación de vulnerabilidad y superar problemáticas tan específicas como esta”, asegura.La Asignación Universal por Hijo llega también a estos parajes a los que no llega ni el agua. Algunos wichís lo perciben, pero otros no tienen la posibilidad porque no tienen ni documentos. La nutricionista Ana Inés Soruco Wynne es jujeña, pero trabaja con las comunidades de Salta. Hace hincapié en el error de no contemplar el multiculturalismo en el ámbito de la salud y alude a las experiencias de Venezuela, México y Chile. Los trasandinos instalaron en el Sur mapuche “hospitales interculturales donde las machis, las curadoras mapuches que tienen un espacio en los hospitales, trabajan en forma mancomunada con los agentes de salud clásicos”.El drama no puede quedar oculto detrás de la multiplicidad de factores que inciden en la problemática, todos los años mueren niños, que parecen ajenos como si fueran de una isla. Por Diego Long